El bloqueo de las prisiones catalanas ha obligado a suspender unos 50 juicios, desde que los sindicatos y trabajadores iniciaron la protesta por la cocinera asesinada por un interno de la prisión de Tarragona el miércoles pasado. En concreto, desde las protestas, iniciadas el jueves y hasta este lunes, se han anulado 108 diligencias judiciales: 41 juicios orales y 8 por videoconferencia, más, unas 60 diligencias judiciales, según ha informado el Departament de Justicia. Los seis sindicatos representados en los centros penitenciarios mantienen  la reclamación y aseguran que no se sentaran a dialogar hasta que no dimita la conselleraa y, especialmente, el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, extremo nuevamente rechazado por Ubasart.

Aparte, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha informado de que unos 4.000 reclusos están encerrados a las celdas este lunes y ha alertado a los trabajadores de que la protesta no es legal, ya que no se ha convocado una huelga y, por lo tanto, no hay los servicios mínimos obligados. La Abogacía Catalana también ha exigido medidas urgentes al Govern para garantizar los derechos de defensa de los reclusos.

Más seguridad en las cocinas

Por otra parte, el Departament de Justicia se ha comprometido a reforzar la vigilancia de los servicios de las prisiones, especialmente en las cocinas, en una reunión con el comité de empresa del Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), donde estaba contratada Núria, la jefa de cocina de la prisión de Mas d'Enric asesinada por un preso el miércoles, según ha informado a Efe Justicia.

Entre las medidas pactadas —propuestas por los compañeros de la cocinera asesinada y que se aplicarán de forma inmediata—, figura incrementar el personal funcionario destinado a la vigilancia de los servicios básicos de las prisiones, especialmente a las cocinas. También se reforzarán los sistemas de emergencia —facilitando dispositivos de comunicación y pulsadores de alerta al personal, de uso obligatorio— y se incrementará el número de trabajadores de las cocinas, especialmente en algunos turnos, una medida que desde el pasado jueves se ha implantado en la prisión de Mas d' Enric, al Catllar (Tarragonès).

Por otro lado, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha pedido a la Secretaria de Mesures Penals que informe de los servicios mínimos establecidos derivados de los actos de protesta de los funcionarios de prisiones, una vez recibida comunicación de la magistrada del juzgado penal 6 de Barcelona informando de incidencia fruto de estas movilizaciones.

Gabinete de crisis

Además, esta tarde, han mantenido una reunión la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà; el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; y la consellera de Justicia, Gemma Ubasart para "monitorizar la situación en los centros penitenciarios y coordinar las próximas actuaciones".

El gabinete de crisis que han constituido los tres consellers ha sido clave para coordinar el despliegue de agentes de los Mossos para evitar los cortes de tráfico que dan acceso a los centros penitenciarios. Así, agentes de los Mossos han conseguido habilitar un carril este lunes por la mañana para acceder a la prisión de Quatre Camins, que ha permitido la entrada de trabajadores y que han podido abrir las celdas. También se ha logrado abrir las celdas en la prisión de Jóvenes y  en la de Brians 2, donde hay más reclusos encerrados, unos 1.500.

Ante la buena acción de los Mossos, una de las medidas acordadas es reforzar los dispositivos policiales para garantizar el acceso de los trabajadores. Precisamente, Justicia analizará ahora cuántos de los 5.600 trabajadores que hay a los penales catalanes quieren incorporarse a trabajar y no pueden o hacen esta protesta irregular.