La justicia turca ha anunciado este martes la absolución de todos los cargos a nueve personas acusadas de instigar las protestas de 2013 contra el gobierno del entonces primer ministro y hoy presidente Recep Tayyip Erdogan. Este hecho conlleva la inmediata puesta en libertad del único acusado que permanecía en prisión preventiva, el empresario, activista y filántropo turco Osman Kavala, detenido en 2017.

El caso de Kavala es muy parecido al de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ya que se trata de un líder social que fue una de las caras visibles durante las protestas contra el creciente autoritarismo del gobierno de Erdogan. Este hecho provocó que fuera acusado de intentar derrocar el gobierno y fue puesto en prisión preventiva, igual que los Jordis, durante más de dos años, porque, según argumentaba el juez, había riesgo de fuga por parte de Kavala.

Kavala saldrá de la prisión después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitara durante el mes de diciembre su liberación inmediata por falta de pruebas. No obstante, la justicia turca rechazó dejarlo en libertad por entender que seguía existiendo riesgo de huida. Ahora, meses después, Turquía acata la decisión del TEDH absolviendo a Kavala, cosa que España no hizo cuando el TJUE pidió la liberación de Junqueras porque era eurodiputado.

Cas Kavala

El tribunal turco finalmente ha absuelto de todos los cargos a siete de los acusados por las protestas del 2013, pero ha mantenido la acusación para las otras siete personas que se exiliaron después de las acusaciones, según han informado a Efe fuentes de la defensa. En su argumentación, el juez ha señalado que no hay pruebas suficientes contra los procesamientos, entre los cuales hay periodistas, actores, actrices, arquitectos y cineastas.

Ahora, la Fiscalía tiene siete días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, un plazo después del cual la decisión judicial será firme. Al mismo tiempo, fuentes de la defensa han asegurado a Efe que se prevé la absolución de los siete exiliados en el futuro, ya que la inexistencia de pruebas puede aplicarse también a estos acusados.

Hay que recordar que el fiscal había pedido cadena perpetua para tres acusados, Kavala incluido, por "intento de derrocar el Gobierno" y penas de entre 15 y 20 años de prisión para los otros por colaboración con el mismo delito. Ahora bien, los testigos presentados durante el juicio han conseguido corroborar que los acusados participaban en las protestas, como otras decenas de miles de personas, pero no que tuvieran un papel dirigente.

Como en el caso del juicio a los presos políticos, los abogados de la defensa habían denunciado numerosas irregularidades y habían destacado que la acusación carecía totalmente de pruebas y que incluso se utilizaba un testigo que se declaró mentalmente inestable.