El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la demanda del expresident de la Generalitat Artur Mas contra el Estado español por la condena de desobediencia por el 9N. En una resolución, el tribunal pide al Gobierno que responda si la condena a  Mas cumplió el requisito de claridad y previsibilidad que requiere el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y si los actos del expresident suponen una infracción penal. Aunque la resolución se publicó el pasado 6 de febrero, este miércoles el exvicepresidente del Parlament Josep Costa se ha hecho eco a través de las redes sociales. "El Estado decidió suspender la democracia para salvar su unidad, y ahora no tendrán ni democracia ni unidad", ha afirmado.

Mas fue condenado por desobedecer el Tribunal Constitucional (TC), que había suspendido la votación del 9N, y en su demanda alegó que la orden del TC "no fue lo bastante precisa, concreta y categórica sobre la prohibición de hacer la consulta". La condena de Mas en esta causa fue de un año y un mes de inhabilitación y una multa de 36.500 euros. Mas anunció la intención de llevar el caso al TEDH en octubre del 2021, cuando el TC rechazó por unanimidad el recurso de amparo contra su inhabilitación.

El TEDH admite las demandas de Jordi Turull y Jordi Sànchez contra España

El TEDH también admitió a trámite este martes las demandas de los exdiputados de Junts Jordi Turull y Jordi Sànchez, que presentaron junio de 2020 contra España por haber vulnerado su derecho político. En concreto, Jordi Turull denunció la vulneración del derecho a la libertad y a la representación política, reconocidos en el CEDH, además "de un evidente abuso de derecho por parte de las autoridades españolas". Por su parte, Jordi Sànchez denunció que se le vulneró su derecho político en cinco ocasiones por decisiones de las autoridades judiciales españolas, desde la prohibición a participar en la campaña de las elecciones en el Parlament del 21 de diciembre de 2017, hasta la prohibición a participar en el debate parlamentario, a pesar de haber sido elegido diputado, ni participar en la investidura fallida de Turull. El tribunal europeo, pues, ha requerido a la justicia española que aclare si sus tribunales vulneraron los derechos de ambos políticos por el hecho de ser independentistas. La abogacía del Estado tiene hasta el 1 de septiembre para responder.