La inscripción en el censo electoral español de las personas que se hayan nacionalizado a partir de la conocida como ley de nietos, que generó muchísima polémica antes del verano, frenada. El Tribunal Supremo ha aceptado suspenderla tal como habían pedido como medida cautelar desde Vox e Iustitia Europa. Este lunes se celebró la vista pública y las dos formaciones aseguraban que las próximas elecciones al Congreso —todavía sin fecha, pero que se tienen que celebrar como tarde el verano de 2027— tendrían unos resultados "viciados" si no se paraban estas altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En cambio, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponían a la paralización. La suspensión será vigente hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles que sufrieron el exilio.
La ley de nietos es la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, según la cual se otorga la nacionalidad a los hijos y nietos de las personas que se tuvieron que exiliar durante la dictadura franquista. Es una ley que entró en vigor en 2022 y expiró a finales de octubre. Hasta el pasado 31 de marzo, unas 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para conseguir la nacionalidad española. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explicó en abril que las oficinas consulares de todo el mundo han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y se han aprobado 545.000 expedientes. Ante estos datos, en junio, Feijóo puso el grito en el cielo asegurando que la intención de Sánchez era "conseguir nuevos votantes", ya que, con todas las encuestas en contra, "no le salen las cuentas".
Una decisión que el Gobierno de España no comparte
Desde la Moncloa, como era de esperar, han lamentado esta decisión del Supremo, que aseguran, no comparten. "Es una decisión contraria al criterio del Gobierno de España y también a la de la Junta Electoral Central. Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de derecho", ha afirmado la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la decisión del Supremo, el voto para las personas inscritas en la CERA a través de la ley de nietos queda suspendido, salvo aquellos que acrediten que son descendientes de exiliados.
En cambio, la reacción del PP, partido que levantó la voz contra los efectos de la ley de nietos sobre las próximas elecciones, ha sido muy diferente. En un mensaje muy breve publicado en las redes sociales, Alberto Núñez Feijóo ha compartido la noticia: "Teníamos razón", ha escrito. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, también ha celebrado la decisión. "Lo hemos dicho desde el principio: no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción. Teníamos razón", ha insistido. Con todo, no fue el PP quien llevó esta "ley" a la justicia, sino Vox, que también ha sacado pecho de la decisión del Supremo. "Vox lo está haciendo todo en contra de este gobierno en todos los frentes", ha subrayado su líder, Santiago Abascal.
Teníamos razón.https://t.co/1Sq1VnenNN
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 8, 2026