En el 2012, en plena crisis económica y con la presión ciudadana contra la corrupción a flor de piel, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzaba un mensaje contundente desde la tribuna: "Hay que acabar con eso, hay que acabar con este tipo de situaciones, con este tipo de rentas y patrimonios no declarados, eso es inadmisible del todo". Su declaración, pronunciada en un acto de entrega del premio Autónomo del año en noviembre del 2012, era una respuesta a Artur Mas, quien estaba siendo protagonista a raíz de la portada que había publicado El Mundo en plena campaña de las elecciones catalanas, una portada que afirmaba que la policía (un presunto borrador de un informe de la UDEF) vinculaba cuentas en Suiza de Artur Mas y Jordi Pujol, en relación con la corrupción del caso Palau. La declaración del exministro no dejaba margen a la duda. Montoro afirmaba con contundencia que era necesario erradicar cualquier traza de fraude fiscal, especialmente en los estamentos más altos de la sociedad. De hecho, remarcaba la necesidad de un ejemplo claro por parte de los cargos públicos: "Todavía el efecto de ejemplaridad tendría que ser mucho más concluyente".

 

Estas palabras, pronunciadas con convicción, pero sin ninguna verificación y que le costaron 12 diputados a Convergència i Unión, vuelven ahora a primer plano después de que Montoro se vea implicado en un caso de presunta corrupción acusado de cambiar y aprobar varias leyes que beneficiaban en empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro antes de entrar en el Gobierno. Según el auto del juez, este despacho, llamado Equipo Econónimo, era clave en la organización de la presunta trama, y fue contratado por empresas gasistas para que hicieran uso de su "red de influencias" y así conseguir reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. Los detalles del caso que implica al exministro y otras 27 personas están todavía bajo investigación, pero el contraste entre su discurso del 2012 y la realidad actual es evidente.

Montoro afirmaba también que "no es admisible ni siquiera en términos de discusión pública" que se relativizara el fraude fiscal, en aquel caso de CiU. Y defendía que la Agencia Tributaria actuaba con rigor, con acciones que tenían que abarcar "todos los estamentos de la sociedad". Otro fragmento especialmente significativo de sus intervenciones de la época hacía referencia directa a las cuentas en el extranjero del expresidente Mas: "Quien tiene que comparecer es quien tiene cuentas no declaradas en Suiza, delante de la sociedad española, a ver si lo decimos claro de una vez".

Ahora, doce años más tarde, las hemerotecas devuelven estas declaraciones como un espejo incómodo. La figura de Montoro, que hizo de la lucha contra el fraude una de sus banderas políticas, queda cuestionada justamente por aquello que él mismo condenaba con más firmeza. Con la causa en marcha y a la espera de novedades judiciales, las declaraciones del 2012 se han convertido en un símbolo de la contradicción entre el discurso y los hechos conocidos recientemente.