“La prolongación del secreto total de las actuaciones durante casi siete años constituye una anomalía procesal que causa efectiva indefensión”. El socio director de Equipo Económico, el despacho de abogados fundado por Cristóbal Montoro, ha pedido a la Audiencia de Tarragona que anule la causa en la que él y el exministro de Hacienda, entre otros, están investigados. En un escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, con fecha de 1 de septiembre, Manuel de Vicente-Tutor denuncia que el secreto ha sido “excesivo y desproporcionado” en atención a la naturaleza de los hechos investigados: “No puede entenderse justificado razonablemente que durante todo ese tiempo no se pusiera en conocimiento de los investigados ni siquiera la existencia misma del procedimiento”, alega. Su abogado, el penalista José Antonio Choclán, denuncia una “instrucción opaca” que “se ha desarrollado por entero a espaldas de los investigados” y reprueba el “dilatado secreto de las actuaciones”. El recurso también está interpuesto en nombre de Global de Asesoramiento Financiero Tributario Económico Legal e Internacional SL, la empresa que actualmente controla el despacho. Equipo Económico, que está representado por otro abogado, hizo el mismo paso a finales de julio.
Concretamente, el juez Rubén Ruz, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, está investigando una “red de influencias” que habría propiciado presuntos pagos de empresas gasistas a Equipo Económico a cambio de reformas legislativas que les beneficiaban. Hay 27 personas investigadas, entre las que figuran Cristóbal Montoro y Manuel de Vicente-Tutor. Se les atribuye los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad. El secreto de sumario se alargó entre agosto de 2018 y el pasado mes de julio, cuando se supo que Cristóbal Montoro estaba siendo investigado. Durante ese periodo, solo la Fiscalía tenía acceso a las actuaciones.
“La clamorosa infracción de las garantías de información del proceso penal y el derecho a intervenir en las diligencias de instrucción vulneran el derecho fundamental a la defensa y vicia de nulidad las diligencias de instrucción practicadas, sin que pueda entenderse subsanada la actuación irregular dando oportunidad a las defensas de intervenir tardíamente en una instrucción ya muy avanzada”, lamenta José Antonio Choclán. Argumenta que la “indebida prolongación” del secreto ha determinado que el proceso esté “viciado de nulidad” y señala que el “levantamiento tardío” del secreto “no remedia la lesión de los derechos fundamentales ya producida de modo irremediable”.
Por todo ello, pide que se declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas y se decrete el sobreseimiento libre y archivo de la causa y reclama a la Audiencia de Tarragona que dé una “tramitación preferente” al recurso de apelación debido a las “gravísimas anomalías advertidas en el procedimiento”, a la “importancia de los derechos fundamentales que se encuentran afectados” y a los “gravísimos perjuicios reputacionales que se vienen produciendo por el traslado del sumario a los medios de comunicación”.
“Se ha sustraído la causa penal a la intervención del juez natural”
Asimismo, cuestiona la competencia del juzgado de Tarragona para instruir la causa: “La prolongada opacidad del proceso ha impedido a esta parte durante siete años cuestionar la atribución de una indebida competencia territorial por el juzgado y durante ese largo periodo se ha sustraído la causa penal a la intervención del juez natural”. De hecho, en otro escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, solicita que el juzgado de Tarragona se inhiba en favor de un juzgado de Madrid para que estudie los hechos.
Equipo Económico y el exjefe de gabinete de Montoro ya lo habían pedido
No es el primer escrito solicitando la nulidad del caso Montoro que llega a la Audiencia de Tarragona. A finales de julio, Equipo Económico (que está representado por otro abogado) acusó al juez de haber llevado a cabo una investigación “desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico” y reclamó que se dejen sin efecto los autos que autorizaron las entradas y registros en los que se localizaron de forma casual (en el marco de otra causa) una serie de correos que apuntaban al despacho. Ese fue el hallazgo que llevó al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a abrir diligencias y a empezar a investigar bajo secreto en agosto de 2018. Según contó Europa Press, Equipo Económico consideró que no existía “autorización judicial ante un supuesto hallazgo casual relativo a hechos ajenos a la investigación original” y alegó que la aprehensión de los correos por parte de los Mossos d’Esquadra supuso una vulneración de la inviolabilidad del domicilio. “Sirvió para iniciar una investigación prospectiva”, concluía.
Por otro lado, a mediados de agosto, Felipe Martínez Rico, que fue jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y luego subsecretario, siguió el mismo camino: “Nos encontramos ante un proceso insólito en la historia judicial española de las últimas cuatro décadas y que, desde su origen, ha vulnerado de forma sistemática e indiscriminada los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales que amparan a todo investigado”, esgrimía su recurso de apelación. Según informó El Español, el documento denunciaba que el juez ha hecho un “verdadero procedimiento inquisitorial” con un “sesgo de voluntarismo judicial ajeno a cualquier entendimiento del proceso penal como un sistema de garantías”. “Es evidente que se ha producido una gravísima indefensión material, tanto a esta parte como al resto de investigados, que acaban de descubrir que la maquinaria judicial y policial lleva funcionando siete años a sus espaldas, sin haberles permitido aportar prueba ni explicación alguna sobre los hechos investigados”, sostenía el recurso.