Siete organizaciones de la sociedad civil han hecho llegar un escrito al relator de minorías de las Naciones Unidas (ONU), Fernand de Varennes, donde le piden que actúe para frenar la "campaña" de los tribunales españoles contra la inmersión lingüística en la escuela catalana. Las organizaciones firmantes son Plataforma per la Llengua, Sine Qua Non, Sindicats d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Fundació Escola Valenciana, Language Rights, USTEC y la Intersindical. Reclaman a De Varennes que haga alguna actuación para poner freno a la política "homogeneizadora" del Estado. También le piden que establezca un mecanismo de monitorización de la situación del catalán para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes y a prevenir el deterioro de la lengua, que ya es una realidad y se podría agravar por la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Entre las opciones que proponen al relator, está que se dirija al estado español para advertirle que su actitud es contraria a las recomendaciones que él mismo hizo en el 2020 sobre cuestiones lingüísticas. También que requiera al estado el cumplimiento de sus compromisos internacionales y que le recuerde que la promoción de una lengua minoritaria no es un acto de discriminación. El relator presentó este martes las últimas recomendaciones del Foro sobre Cuestiones Minoritarias. Davyth Hicks, presidente de la red de organizaciones para las lenguas de las minorías ELEN participó en la sesión, durante la cual y con el asesoramiento de la Plataforma, explicó la situación de Catalunya por la sentencia que establece un 25% de castellano en la enseñanza.

Aplicación forzosa de la sentencia

La Plataforma ha considerado que la judicatura española ha estado muy activa durante los últimos años en el intento de "imponer" un cambio en el sistema educativo catalán para asegurar el uso del castellano como lengua vehicular. El último episodio ha sido la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellano por parte del Tribunal Supremo (TS). Este viernes finaliza el plazo a partir del cual, las partes implicadas pueden pedir la ejecución forzosa de la sentencia.

En este sentido, en las últimas horas la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha hecho pública su intención para aplicar de manera forzosa este 25% de castellano a partir del próximo lunes, 28 de marzo. Con todo, hoy por hoy no es una de las partes implicadas (lo son el Gobierno y la Generalitat), y antes tendría que pedir que se la considere una parte perjudicada por la no aplicación de la sentencia. Esta es la intención de la asociación, que en los últimos días también ha tildado de "propaganda" el informe del Síndico sobre la salud del catalán en las escuelas.

Contraria a la carta

Sobre la sentencia, la Plataforma defiende que es "abiertamente contraria" a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Según recuerdan, al Comité de Expertos para el cumplimientode la Carta, así como el Comité de Ministros del Consejo de Europa, advirtieron a España en el 2021 que los porcentajes obligatorios de castellano son contrarios al instrumento de ratificación, en referencia en aquel caso a la Ley de Plurilingüismo valenciana. Además, también es contraria, apuntan desde la organización, a las recomendaciones que el relator de minorías de la ONU hizo en el 2020 pidiendo que se evitara reducir los porcentajes de catalán en el sistema educativo del país.