La defensa de Santos Cerdán ha pedido al juez del Tribunal Supremo que la Dirección General de la Guardia Civil le informe "de todas las colaboraciones realizadas por Koldo García Izaguirre con las diferentes unidades de la Guardia Civil sea en el estatus que fuera durante el periodo 2018-2024; si consta incluido en el inventario de fuentes policiales y si han existido contactos entre él y miembros de la Unidad Central Operativa en el periodo descrito", según un escrito firmado por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, presentado este lunes. Los dos penalistas insisten que Cerdán ha sido imputado con pruebas creadas por el exasesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, investigado en esta trama de corrupción, en la cual el juez sitúa Cerdán como líder. Koldo García, también investigado, grabó las conversaciones con Ábalos y Cerdán, donde supuestamente se repartía dinero de las comisiones que reclamaban a constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.
En el nuevo escrito, la defensa de Cerdán también pide al juez Leopoldo Puente que reclame a la Guardia Civil "una copia de la totalidad de las grabaciones pretendidamente obtenidas en el domicilio del investigado Koldo García en Polop de la Marina", en febrero de 2024, y que no trascendieron hasta el último informe policial del 5 de junio pasado, con la incriminación del ex número 3 del PSOE. Y que se oficie a la Policía Judicial para que "la copia de las grabaciones que se le entregue a esta defensa para su estudio sea una copia clonada directamente del original, realizada con su presencia".
Tercera semana en prisión
La ex mano derecha de Pedro Sánchez cumple la tercera semana en prisión preventiva, mientras la defensa desconoce el contenido del escrito presentado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que pidió su entrada en prisión, el 30 de junio pasado, por riesgo de huida y de destrucción de pruebas; y que insiste en mantenerlo encerrado. El juez acordó su prisión sin fianza por riesgo de destrucción de pruebas, y dando mucho valor a los audios incriminatorios.
Para garantizar su derecho de defensa, los dos penalistas también piden copia de la causa que instruye a la Audiencia Nacional relacionada con las adjudicaciones de obras y las imputaciones de la exdirectora de ADIF y del de Carreteras, que instruye el juez del caso Koldo, iniciado con la compraventa de mascarillas por la covid-19.