La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando, este jueves, las viviendas en Madrid de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, dentro de las actuaciones judiciales del caso Cerdán, según ha adelantado la agencia Efe. Se trata de aclarar si se adjudicaron obras públicas a constructoras a cambio del pago comisiones a la trama formada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su antecesor y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. Los tres son investigados en el Tribunal Supremo por el aforo de Àbalos, mientras que el tribunal derivó a los excargos públicos al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, que se inició por la compra de mascarillas de la covid-19, y que ya ha ordenado las primeras actuaciones del caso Cerdán.

El informe de la UCO de 5 de junio aportó nuevos indicios contra Pardo de Vera y su posible implicación en la trama presuntamente liderada por Cerdán. Pardo de Vera ya es investigada por la contratación de Jésica Rodríguez la expareja de Ábalos. Además, según ha avanzado El Periódico, la exdirectora de Adif supuestamente adjudicó a dedo el 2 de octubre de 2019 un contrato de emergencia de 605.000 euros a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Guardia Civil vincula a la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán.

 Las obras bajo sospecha

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente investiga una decena de adjudicaciones públicas y ya pidió toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras en ADIF (Sant Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago). Adjudicaciones que también serán investigadas ahora por la Audiencia Nacional.

Pendientes de la declaración de Cerdán

Este caso de corrupción ha dejado shock el PSOE y se espera con expectación la declaración como investigado de Santos Cerdán, el próximo lunes, 30 de junio. Su abogado, Benet Salellas, ha pedido al instructor del Supremo que su declaración sea retransmitida en directo y públicamente -a pesar de que, en fase de instrucción, son actuaciones reservadas- para demostrar que no quiere esconder su actuación, ni que se produzcan tergiversaciones.

Por su parte, Ábalos y García se acogieron a su derecho a no declarar, este lunes. Las acusaciones  pidieron su ingreso a prisión, pero la Fiscalía pidió que se mantengan las medidas cautelares, de retirada del pasaporte e ir periódicamente al juzgado. El juez Peinado rechazó su ingreso a prisión.