La vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, tendrá la oportunidad de exponer esta semana la carpeta catalana en el Congreso y concretar cuál es su oferta para hacer frente al soberanismo. La circunstancia llega después de que la Generalitat se haya negado a asistir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, debido a los acuerdos anteriores incumplidos por parte del Estado. La reunión será finalmente en enero, dejando margen al presidente Carles Puigdemont para que piense si quiere asistir finalmente. Antes, Santamaría será cuestionada por varios grupos catalanes sobre sus intenciones.

PP y PSOE contra el proceso

La diputada del PSC, Meritxell Batet, ha empezado la ofensiva durante la sesión de Control en el Gobierno de este miércoles pidiendo a la número dos del gobierno sobre "cómo piensa plantear su relación con Catalunya". Santamaría no había verbalizado todavía su hoja de ruta, más allá de prometer "esfuerzo, empatía e imaginación" con las comunidades, el día en que tomaba posesión de la nueva cartera. De eso hace más de un mes, pero ante la incertidumbre y la duda, las escenificaciones han precedido los hechos en la nueva legislatura de presunto "diálogo" del ejecutivo de Mariano Rajoy.

Aun así, durante el pleno, la vicepresidenta ha invitado al PSOE a colaborar juntos para hacer frente al proceso. La idea de Santamaría ha versado por unos instantes sobre la posibilidad de la reforma constitucional. "Es la vía democráticamente correcta, cuando uno se plantea resolver el marco de convivencia" ha dicho. Pero más tarde la respuesta ha sido difuminada, cuando el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, le pidió expresamente por la Carta Magna, y Santamaría no ha sido concreta. Lo que sí ha resaltado es la idea de que un referéndum "liquida la esencia de la nación y soberanía española".

"Judicialización" vs. "Diálogo"

En 31 días, Rajoy ha lavado la cara de figuras que causaban rechazo entre el soberanismo. Primero, sustituyó a la Fiscal General del Estado, Maria Consuelo Madrigal, por José Manuel Maza, un juez que todavía no se ha manifestado sobre la independencia en público. Más tarde, Rajoy apartó la cúpula que había en el ministerio del Interior durante la Operación Catalunya, empezando por echar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y finalmente, Santamaría sustituyó a la exdelegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, caracterizada por sus conflictos con los Ayuntamientos.

Sin embargo, el calendario judicial ha interferido en otros términos golpeando a la retórica del diálogo. La voluntad de acuerdo quedó en entredicho para Puigdemont, después de que el PP votara a favor del suplicatorio para que el Tribunal Supremo juzgara al líder del PDECat, Francesc Homs, por la consulta del 9-N. A ello se sumó la suspensión del juez Santiago Vidal durante tres años, como también la citación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente.

La cuestión es que la llamada "judicialización de la política", contaría ya con escépticos. Bajo el cumplimiento de la ley, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, comentó en una charla con periodistas hace unos días que se debía mejorar el diálogo político para reducir los conflictos, en general y con Catalunya. Y según ha podido saber El Nacional, el parecer es compartido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

Con ese mar de fondo y después de que el vicepresidente Oriol Junqueras haya incluido el referéndum en los presupuestos, Catalá ha decidido enfriar por un momento la maquinaria judicial. Según el ministro, existen "mecanismos para encontrar solución a los conflictos". Así y todo, el titular de Justicia se reserva, a estadios futuros de aprobación de las cuentas catalanas, la posibilidad de impugnarlas, si contempla dinero para "créditos que no son competencia de las comunidades autónomas". Al respecto, el Consejo de Ministros del viernes podría llegar a incluir ya algún tipo de aviso.

La interpelación de Homs

La Generalitat prevé que el Estado busque presentarla como intransigente por no asistir a la Conferencia de Presidentes, por lo que el PDECat ha contraatacado con una interpelación en el Congreso este miércoles –a la vicepresidenta– para conocer cuál es la voluntad de llevar a cabo cesiones políticas. Homs ha recordado la serie de 46 puntos presentados a Rajoy en la reunión de abril –que incluyen el referéndum. El debate llevará a la presentación de una moción, que se votará en el siguiente Pleno, donde los grupos tendrán que retratarse sobre el texto del PDECat.

Constitución y financiación

Así y todo, la actividad de Santamaría para clarificar la relación con Catalunya continuará el jueves de esta semana, en la misma comisión constitucional en el Congreso. Será allí donde la ministra de Administraciones Territoriales exponga –y sea preguntada– por los planes del gobierno de Rajoy, quien ya avisó durante el debate de investidura de que el "desafío independentista" era una de sus prioridades para la legislatura.

A este respecto y sobre la financiación, el gobierno del Estado tendrá otra oportunidad de pronunciarse durante el Consejo de Política Fiscal y Autonómica, hoy mismo, en el Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro. Santamaría el copresidirá a partir de ahora, junto con el Ministro. Junqueras ya ha informado de que él finalmente también asistirá, en representación de la Generalitat.