El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha reclamado al Estado español ampliar la suspensión de los desahucios hasta que acabe el segundo estado de alarma, de momento previsto hasta el 9 de marzo de 2021, cuando la conferencia de presidentes decidirá si continúa vigente o no dependiendo de la situación epidemiológica que haya.
En la sesión de control al Govern de este miércoles, Sàmper ha querido dejar claro que la Generalitat no tiene competencias procesales, sino que estas son del Estado, y ha celebrado que así lo reconociera un representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Así pues, después de la polémica generada por el desahucio por parte de los Mossos de una familia con tres menores de edad, Sàmper ha recordado que el Govern tiene competencias en vivienda, no procesales, y ha instado a los jueces a aplicar una "interpretación extensiva" de las directivas europeas teniendo en cuenta que se trata de derechos humanos y sanitarios.
Imagne de un enfrentamiento entre Mossos y activistas en un desnonamiento en Lleida el passado mes deoctubre / ACN
El conseller también ha expuesto el decreto del Govern aprobado sobre esta materia y ha destacado tres puntos clave: la suspensión de desahucios civiles si no se ha hecho previamente una oferta de alquiler social, la suspensión de desocupaciones cuando las ocupaciones estén hechas antes del decreto de alarma y la obligación por parte de los Mossos de pedir un informe urgente a los servicios sociales cuando haya una denuncia.
La respuesta a la calle
Precisamente, los desahucios y las ocupaciones están al orden del día, no sólo político sino también sociale. El pasado sábado un millar de personas se manifestaron en el centro de Barcelona para exigir el fin de los desahucios. La protesta acabó con disturbios y un detenido. Pequeños grupos de manifestantes rompieron los cristales de un edificio del Ayuntamiento de Barcelona y lanzaron piedras y trozos de tocho contra los agentes antidisturbios.
Días antes, los Mossos habían desocupado con cargas la Casa Buenos Aires, situada en el barrio de Vallvidrera de Barcelona, lo cual provocó una nueva protesta que acabó con la repetición delproceso de ocupación y desocupación del inmueble y la intervención por la fuerza de los agentes antidisturbios de la policía catalana.
Imagen principal: El conseller Sàmper, durante el pleno de este miércoles / ACN