El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu i Casals (Vic, 1973), repasa los retos de la institución, que agrupa a los catorce colegios de la abogacía de Catalunya, que, con los de Baleares, Andorra y Perpiñán —que están adheridos—, suman unos 40.000 colegiados. Montoliu, que asumió la presidencia en diciembre de 2025, es decano del Colegio de Abogados de Vic desde el año 2019 y uno de los grandes defensores de la lengua catalana en el ámbito jurídico, sobre todo en los juzgados.
Garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes en los juzgados es una obligación de todos los operadores jurídicos, que ahora no se cumple. Montoliu lo tiene claro. Tampoco rehúye hablar de la ley de amnistía, pendiente de aplicarse al president Carles Puigdemont y a los exconsellers en el exilio, Toni Comín y Lluís Puig. También detalla las reivindicaciones logradas para los abogados y abogadas del turno de oficio, que defienden los intereses de personas sin recursos, de los que asegura: “No son abogados de segunda”.
El Consell de l'Advocacia Catalana celebró este martes en Tarragona la 17ª jornada del uso del catalán en la justicia. ¿Qué diagnóstico hicieron?
El catalán es la lengua propia de Catalunya. Nuestra lengua sufre en todos los ámbitos: sufre en las calles, sufre en las plazas; pronto podría ser que sufriera también en las aulas de las escuelas, pero donde más sufre, sobre todo, es en el ámbito de la justicia. Hay que saber que únicamente el 6 % de las sentencias que se dictan por los tribunales de Catalunya son en catalán. Y también son reducidos los escritos que se presentan en catalán por parte de los abogados y abogadas. Por lo tanto, esta es una situación que no nos podemos permitir ni un minuto más y que tenemos que intentar revertir.
En la jornada se plantearon estrategias concretas para mantener la lengua catalana, por ejemplo, en los juicios. ¿Explíquenos algún caso?
El gran problema que tenemos en los juzgados, no es el único, es que la gran mayoría de los jueces que ejercen la judicatura en Catalunya son de fuera de Catalunya y, por lo tanto, tienen un conocimiento relativamente bajo de nuestra lengua. No es su lengua de uso, o incluso algunos no la conocen. Y esto conlleva una castellanización en el funcionamiento de la justicia.
Además, los abogados y las abogadas que estamos esperando a celebrar el juicio, hablamos en catalán entre nosotros y, cuando nos ponemos la toga y el juez o la jueza nos dice Buenos días, automáticamente, y esto no lo deberíamos hacer, nos pasamos a hablar en castellano. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos, y principal diría yo, es la falta de jueces catalanes.
Hablamos en catalán entre nosotros. Cuando nos ponemos la toga y el juez o la jueza nos dice Buenos días, automáticamente, y esto no lo deberíamos hacer, nos pasamos a hablar en castellano
¿La Abogacía hace lo suficiente para defender el catalán en los juzgados?
Como abogacía institucional, desde el Consell y más en concreto desde su Comisión de Lengua, estamos haciendo todo lo que podemos, hacemos muchos esfuerzos para revertir esta situación del catalán en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, hacemos cursos de formación y tenemos el portal de recursos de lenguaje jurídico en catalán, que se llama Compendium.cat, para que todos los compañeros y compañeras no tengamos la excusa de decir que este escrito ya lo tengo hecho en castellano y no lo sé hacer en catalán. Pues no, tenemos formularios, tenemos modelos.
También quiero agradecer al Departament de Justícia por fomentar el uso del catalán en los juzgados. Por ejemplo, hay un plan que gratifica a todos aquellos compañeros y compañeras que son del turno de oficio y que se han adscrito a este programa. Se les gratifica con una cantidad, aunque irrisoria, de 25 euros por cada escrito de los principales que presentan en el juzgado en catalán. Desde la abogacía se busca concienciar a todos los compañeros y compañeras del país para que crean en nuestra lengua. Es una lengua tan válida como cualquier otra para hacerlo todo y también para pedir justicia.
En la jornada, en Tarragona, se pretendía dar a los compañeros y compañeras, y especialmente a los más jóvenes, herramientas, recursos y estrategias para que, cuando tú empiezas a hacer el juicio en catalán y te encuentras con que, desde el juez, el fiscal a un testigo, se pasa al castellano, tú te mantengas en catalán. No pasa nada. Y esta es una de las funciones que hacemos desde el Consell, intentar hacer que el uso del catalán sea un uso absolutamente normal también en los juzgados.
¿Han recibido quejas porque algún juez les ha obligado o invitado a cambiar de lengua?
Sí, no se da muy a menudo, pero por desgracia sí. Tenemos alguna situación que es realmente denunciable. Desde un juez que te pide que presentes los escritos traducidos al castellano, si los has presentado en catalán, cuando eso no lo puede hacer, cuando hay un caso, pongamos por caso, que una parte desconoce el catalán, la administración es la que tiene que traducir. O a veces en la misma sala de vistas te encuentras que el juez te pide que hables en castellano, que hagas el interrogatorio en castellano.
Muchas veces el abogado o la abogada que va allí a defender a su cliente y no a defender la lengua, se pasa al castellano. Y este es el gran problema que tenemos. Pues, lo que tenemos que hacer es mantenernos en el catalán y decir que nosotros haremos nuestra intervención en catalán porque es nuestro derecho.
Si alguna de las partes no entiende el catalán, que esto no pasa casi nunca, no hay ningún problema: se coge un traductor. Y si no hay ninguno disponible, el juez tiene la potestad de habilitar, si en la sala hay alguien que conozca las dos lenguas, que todos conocemos ambas, a aquella persona como traductor. Y así se celebra el juicio: tú haciéndolo en catalán, el traductor traduce y la otra parte lo entiende perfectamente.
¿Pasa esto?
No. La práctica del día a día es un poco lo que le comentaba. Los abogados y las abogadas van a defender los derechos de sus clientes, y, no deberíamos hacerlo, pero desisten y dicen: “Escucha, yo ahora no me quiero poner el juez en contra, no quiero que se me enfade” y, por lo tanto, no se acostumbra a pedir traductor. Y a veces, cuando se pide, no se habilita el traductor. Este es el gran problema que tenemos, que a la que alguien empieza a hacer uso del castellano en la sala de vistas, la vista se castellaniza.
El Departament de Justícia estudia volver a incentivar económicamente a los jueces para que hagan sentencias en catalán.
Desde la Comissió de Llengua del Consell, una de las propuestas que hacemos es recuperar el antiguo plan piloto que se hizo hace unos 20 o 25 años. Consistía en que todos aquellos juzgados que voluntariamente quisieran se comprometieran a trabajar en catalán de la A a la Z. Es decir, desde hacer escrito hasta las providencias, las diligencias de ordenación, el juicio y también la sentencia en catalán, a cambio de una pequeña gratificación económica. Sería una nueva medida para continuar promoviendo el uso normal del catalán en los juzgados.
¿El Govern podría exigir que para ejercer la judicatura en Catalunya sea un requisito, y no un mérito como ahora, el conocimiento del catalán?
En la comisión de lengua del Consell tenemos muchas reivindicaciones, y una es esta, que sea un requisito para poder ejercer la judicatura en Catalunya tener un buen conocimiento de la lengua catalana. Es decir, que un juez no pudiera hacer de juez en Catalunya si no sabe el catalán. Esta es una reivindicación que mantenemos. Nos consta que hay una ley en el Congreso, que está encallada, que de alguna manera podría resolver este déficit, de que no se pueda venir a administrar justicia sin conocer la lengua del lugar de destino.
La Abogacía Catalana consiguió un acuerdo con el Departament de Justícia para mejorar y dignificar la retribución de los abogados del turno de oficio. ¿Se está cumpliendo?
El turno de oficio es una gran fuerza que tenemos en nuestro sistema público. Es decir, el turno de oficio está pensado para aquellas personas que no tienen capacidad económica para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Se les conceda este beneficio de justicia gratuita y, por lo tanto, se les asigne un abogado y un procurador, que no les tiene que costear. Este sistema se fundamenta básicamente en la aportación que hace la abogacía catalana. La abogacía está dispuesta a prestar este servicio voluntariamente y lo hace, y además tengo que decir que lo hace con un grado de excelencia y muy valorado. Tenemos una nota del turno de oficio de 8,5 sobre 10, o sea que aquel mantra que se dice de que el abogado de oficio es un abogado de segunda, eso no es cierto.
Ha habido un retroceso en el número de abogados del turno de oficio, justamente por este mal pago del servicio. Esta es nuestra gran reivindicación puramente corporativa de la abogacía catalana. Las condiciones de ejercicio son muy duras; estás en guardias que se alargan tres y cuatro días. Te llaman por la noche para ir a asistir a un detenido, y eso no a cambio de nada, pero sí con una gratificación absolutamente insuficiente.
Sí que es cierto que este año 2026 hemos conseguido negociar con el Departament de Justícia un convenio que ha mejorado sustancialmente las condiciones de los abogados y abogadas del turno de oficio. Por un lado, tenemos actuaciones que hasta ahora se hacían sin cobrar por parte del abogado de oficio, que ahora se cobrarán, los nuevos módulos que hemos conseguido negociar con el departamento. Dos: Tenemos reconocido que se hará con una adenda, este mismo mes, para cobrar un 2,5 % de incremento de módulos este año 2026. Los compañeros y compañeras lo podrán ya percibir con efectos desde el 1 de enero.
Además, lo que hemos conseguido y que es muy importante es un acuerdo con el Govern de la Generalitat, suscrito personalmente por el president Illa, a finales de diciembre de este año pasado, en Palau, que lo que quiere es resolver la falta de actualización del IPC desde el 2011 hasta ahora. Durante estos quince años no se ha actualizado el IPC de los módulos del turno de oficio. Es decir, un abogado hoy cobra un tercio menos que hace quince años del turno de oficio porque no se ha actualizado. Tenemos el compromiso de que este acuerdo es sí o sí, haya o no haya presupuesto. Son 22,8 millones de euros, a razón de 5,7 millones por cada uno de los cuatro años del acuerdo.
Hemos mejorado y mucho las condiciones del turno de oficio, lo empezamos a dignificar, pero esto es un punto de partida, no es una solución definitiva, porque nosotros continuaremos exigiendo que lo que son los módulos tengan un mejor reconocimiento por la dedicación de la abogacía a las personas sin recursos.
¿Qué valoración hace de la aplicación de la ley de eficiencia judicial y del colapso de los juzgados en Catalunya?
La justicia en este país no ha funcionado nunca bien porque no da votos. Siempre se dice que la justicia es la hermana pequeña de los presupuestos y de ahí llora la criatura. Nunca se le han destinado los recursos económicos ni materiales suficientes para hacerla funcionar. Ahora, con la ley 1/2025, esta nueva ley de eficiencia, lo que se pretende justamente es dar un paso adelante. Seguramente, con la antigua regulación, habiendo invertido más recursos, la justicia habría funcionado mejor. Pero también seguramente no habría acabado de ser nunca la justicia que en el siglo XXI hoy nuestra sociedad necesita. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de esta reforma. Es una reforma de cambio de paradigma, porque estos tribunales de instancia son una organización judicial absolutamente nueva. Es una ley que se ha ido aplicando progresivamente, primero en los partidos judiciales más pequeños; en Barcelona todavía no hace cuatro meses que se aplica y, por lo tanto, tenemos que dar una oportunidad a la ley para ver si realmente acaba funcionando.
Tenemos una buena ley, seguro que sí, pero no sabemos todavía ahora si se habrán volcado suficientes recursos para poderse desplegar de manera eficiente. Y tenemos la buena noticia de que vendrán 91 jueces nuevos; esto no había pasado nunca. Esto debería representar prácticamente un 10 % de los jueces que tenemos ahora en Catalunya. Seguro que hacen falta más recursos, pero esperamos que no se sufra la saturación y el colapso que se sufre actualmente.
¿Hay inseguridad jurídica con tanta ley y el abuso del decreto ley, como ahora en el tema de la vivienda?
Hay una corriente de pensamiento, digámoslo así, que lo que afirma es que cada vez más se legisla a golpe de titular y que ahora entran unos y hacen unas leyes en una línea y, al cabo de cuatro años, entran los otros y hacen unas leyes contrarias a las leyes que hace cuatro años se han aprobado. Sobre todo, lo que hay es una falta de calidad legislativa, es decir, mucha producción normativa, normas que muchas veces, vuelvo a repetir, se hacen más de cara al titular que no de cara a resolver una situación que requiera de solución y a veces se hace corriendo a toda prisa y se hacen normas que resulta que están en contradicción con otras.
Se hacen leyes más de cara al titular que no para resolver una situación que requiere de solución. Se hacen normas que resulta que están en contradicción con otras
Hay normas que después se impugnan y al final se acaban anulando. Y entonces hoy tenemos el ejemplo de la falta de convalidación de este decreto del tema de vivienda. Hay miles de contratos que están en un limbo legal en el que nadie sabe qué pasa. Y lo que peor le puede pasar a una sociedad es justamente la falta de seguridad jurídica. Y la falta de seguridad jurídica genera esta incertidumbre que de alguna manera paraliza, incluso económicamente, el funcionamiento de un país. Contra esto tenemos que luchar.
¿Y la ley de amnistía?
La abogacía mira con preocupación el hecho de que una ley como la ley de la amnistía no se aplique con toda su amplitud y que por parte de algunos estamentos se intente hacer lo imposible para evitar que determinadas personas se puedan acoger a esta ley. Y esta no es una cuestión política, esta es una cuestión jurídica. Tenemos una ley aprobada válidamente. Y como todas las leyes se tienen que aplicar. Y que se busquen subterfugios para intentar impedir su aplicación es una cuestión que preocupa. Preocupa a todo el mundo, pero también, lógicamente, a la abogacía. Para que sea un sistema jurídico justo y creíble, no se puede permitir lo que vemos desde ya hace demasiados meses. Por lo tanto, desde la abogacía pediríamos que esta ley se aplicara y se aplicara sin excepciones a todo el mundo.
¿A los exiliados también?
También. A todos.
En el ámbito profesional, la inteligencia artificial (IA) ha llegado a todos los sectores. ¿Los despachos de abogados trabajan con ella?
Sí, la inteligencia artificial ha irrumpido con mucha fuerza, yo diría que en la sociedad en general, y evidentemente también en el mundo de la abogacía. El mensaje que lanzaría sería doble. Primero: nunca la máquina sustituirá a la persona y, por lo tanto, nunca la inteligencia artificial suplirá la función del abogado, nunca. Nunca una máquina defenderá a las personas; siempre tendremos que ser personas las que defenderemos a personas.
Y la segunda: no podemos volver la espalda al futuro que está aquí. La inteligencia artificial, como ahora se dice, ha venido para quedarse. Por lo tanto, sí, los abogados y las abogadas, como todo el mundo, utilizamos la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Lo que sí que quiero hacer un llamamiento a la gente es que se quede tranquila. ¿Por qué? Porque el abogado lo que tiene que hacer después de usar este recurso tecnológico es corroborar, verificar, comprobar que aquella ayuda que ha recibido de la máquina es una ayuda que realmente es fidedigna. Pongo un ejemplo: un abogado lo que no puede es citar una sentencia de un caso similar al suyo para poder convencer al juez, sin comprobar aquella sentencia de referencia. Porque puede ser que la inteligencia artificial se la haya inventado o se haya equivocado. De hecho, ya ha pasado un caso en las Canarias.
Nunca la inteligencia artificial suplirá la función del abogado. Nunca una máquina defenderá a las personas
La abogacía catalana y española piden a los grupos del Congreso de los Diputados un acuerdo para solucionar la situación de los profesionales adscritos a las mutualidades para que pasen al sistema del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. ¿Ha habido algún avance?
Una de las líneas de mi mandato como presidente del Consell de l'Advocacia Catalana es justamente esta. El de intentar dar una solución a los abogados y las abogadas mutualistas que están afectados. Pensad que hay compañeros y compañeras que han trabajado toda la vida y que no se pueden jubilar porque cobrarán una pensión irrisoria con la cual no podrán pagar ni el alquiler. No del despacho no, el del piso. O sea, estamos hablando de este nivel de supervivencia.
Y esto es producto de que en este país se hicieron las cosas mal hechas en su momento. Cuando tú te colegiabas como abogado en tu colegio, tú no podías darte de alta del RETA y te tenías que dar de alta en una mutualidad privada; digamos que era la mutualidad de la abogacía española, también la catalana para según qué prestaciones. En el año 1995 se dio el derecho a cambiarse hacia el RETA, pero todo lo que habías contribuido a la mutualidad lo perdías. Todo esto se hizo mal y evidentemente se han generado unas situaciones de injusticia que son no tolerables y máximo cuando la Constitución ordena al poder público garantizar una jubilación digna para todo el mundo.
El Estado se equivocó, el sistema se equivocó; por eso ahora se tiene que buscar una solución. Y la solución es la que se está intentando trabajar; también es cierto que no es fácil, y pasa por, de alguna manera, dar la opción voluntariamente a todos aquellos que están en mutualidad de la abogacía española o a cualquier otra mutua, porque esto no afecta solo a los abogados. Se tiene que conseguir que todas las aportaciones que ha hecho en la mutualidad contabilicen en el sistema público. Lo llamamos la pasarela, que es muy gráfico.
El Estado se equivocó y por ello ahora ha de buscar una solución para todos los compañeros mutualistas
¿Y cuál es el problema?
Todos sabemos que hay mucho tacticismo político. Nadie quiere que el gobierno de turno solucione un problema porque entonces se pondrá la medalla, pero al final todos debemos ser responsables en estos momentos, después de más de un año de tramitación parlamentaria, porque hay una propuesta de modificación de la ley de la seguridad social para resolver este problema.
Lo que sí que debemos aprovechar estas semanas que nos quedan, y eso sí que quiero decirlo bien claro y bien alto, es mirar de mejorar la propuesta actual de esta pasarela porque todavía continúa dejando a gente excluida. Es decir, es una pasarela a la cual no todos nos podríamos apuntar. Por lo tanto, debemos mirar de extender los beneficios de esta pasarela a todos los afectados, no solo a unos cuantos. A todos.