Ha pasado bastante desapercibida esta semana una encuesta que ha encargado la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, con motivo de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, conjuntamente con el Idescat, organismo estadístico de la Generalitat.  Entre otros interesantes temas, aborda el de la vivienda, una cuestión clave y de debate permanente en Catalunya. La encuesta es seria, la muestra es significativa y los resultados, cuando menos llamativos, ya que se alejan de las posiciones oficiales y vienen a rebatir algunas de las medidas que a veces los gobiernos, otras los ayuntamientos y también, en algunos casos, los parlamentos, adoptan.

Vayamos por partes, pues. La encuesta pregunta: ¿cuál es la prioridad para hacer frente a la crisis de la vivienda? La respuesta más votada es “impulsar la construcción y rehabilitación”, que han elegido una de cada tres personas. Solo se podía elegir una opción, y como segunda más votada, con un 20 %, aparece “luchar contra la ocupación”. Tan solo en tercer lugar, se encuentra como una solución a la crisis de la vivienda “proteger a los inquilinos”. Es una cuestión lo suficientemente amplia para que se incluyan medidas contra los desahucios, contra cláusulas abusivas, a favor de las prórrogas de los contratos y también, claro está, los topes de precios. A pesar de todo ello, solo un 13 % de los encuestados eligió esta opción como la prioridad para resolver la crisis de la vivienda.

Solo un 13 % de los encuestados eligió “proteger a los inquilinos” como la prioridad para resolver la crisis de la vivienda

Teniendo en cuenta que no es una muestra demoscópica encargada por el sector inmobiliario, aunque venga a darles, en muchas cosas, la razón, valdría la pena pararse a pensar, aunque fuera poco rato, si algo no se está haciendo del todo bien. Como es bien sabido, los plazos de construcción de nueva vivienda no se producen con la rapidez que sería necesaria. En 2023 se iniciaron en Catalunya 2.127 viviendas de protección oficial; en 2024, 3614 y en 2025, 3128 viviendas. Si lo ponemos en contexto con la población llegada a Catalunya, desde enero de 2023 hasta principios de este año, han llegado 308.747 nuevos habitantes y se ha pasado, según el Idescat, de 7.901.963 habitantes a 8.210.710. Las cifras hablan por sí solas. Como también que Catalunya llegara a los 8 millones en 2023, siete años antes de lo previsto.

Evidentemente, no hay una solución ni rápida ni fácil. Y la culpa no es exclusiva de este gobierno, ni del anterior. Hay un objetivo de añadir 50.000 nuevas viviendas públicas antes de 2030. Es una cifra nunca antes planificada, pero el sector es extremadamente escéptico. Y el problema irá aumentando y con él también el malestar de mucha gente. Habrá que llegar a algún acuerdo con constructoras e inmobiliarias. Llegar a acuerdos parlamentarios y municipales que no podrán ser exclusivamente ideológicos, ya que por ese camino no se avanzará. La experiencia ya ofrece resultados lo suficientemente negativos para intentar cosas alternativas.