La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont ha dejado en evidencia la actuación de la Eurocámara y de la Comisión de Asuntos Jurídicos que presidía el diputado Adrián Vázquez, entonces en Ciudadanos y ahora en el PP. Pero, además, podría dar pie a una nueva denuncia del expresident en el exilio. El TJUE ha revocado la decisión de retirar la inmunidad a Puigdemont, y a los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí argumentando los "dudas legítimas" que suscita la imparcialidad del ponente encargado del suplicatorio de los tres políticos independentistas, el eurodiputado ultra Angel Dzhambazki. La defensa del expresident estudia ahora actuar contra el Parlamento Europeo por daños y perjuicios.

Este procedimiento se remonta a la decisión del Parlamento Europeo de marzo de 2021 de suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí a raíz del suplicatorio presentado por el Tribunal Supremo. Los políticos independentistas recurrieron en contra ante el Tribunal General de la UE (TGUE) que desestimó el recurso, por lo que acudieron al Tribunal de Justicia de la UE. El levantamiento de la inmunidad de Puigdemont dio pie a su detención cuando aún era diputado, con motivo de un viaje a Cerdeña en septiembre de 2021. Precisamente el tribunal de Cerdeña decidió dejar en libertad al político independentista a la espera de la sentencia definitiva sobre su inmunidad.

Eurodiputado ultra

Este jueves el TJUE ha aceptado los argumentos del recurso de los políticos independentistas y ha anulado tanto la sentencia del TGUE como las tres decisiones del Parlamento Europeo en que se levantava la inmunidad de los tres eurodiputados.

La decisión del TJUE se centra en el eurodiputado en quien recayó la responsabilidad de actuar como ponente del caso en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el búlgaro Angel Dzhambazki. Cuando este asumió la ponencia sobre el suplicatorio de Puigdemont ya se había dado a conocer en el Parlamento Europeo por sus intervenciones contra los gitanos, contra el matrimonio del mismo sexo, contra el colectivo LGTBI o contra la Convención de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Pero lo que ha provocado la decisión del TJUE es el hecho de que Dzhambazki era miembro del Grupo Conservador y Reformista, del cual en aquel momento formaba también parte Vox. No solo eso, en marzo de 2019, había participado en un evento de Vox bajo el lema Cataluña es España. La defensa de Puigdemont argumentó estas circunstancias frente al Parlamento Europeo y, posteriormente, frente al TGUE, así como el hecho de que los tres suplicatorios quedaron en manos de un solo eurodiputado.

Imparcialidad

La sentencia recuerda que para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad, el Parlamento fija que "no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina", dado que esto podría suscitar dudas sobre su imparcialidad. Pero añade que para ser coherente la Eurocámara también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diferentes diputados que han promovido un proceso penal contra los parlamentarios examinados, dado que se podría "percibir como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración".

Por todo ello, el TJUE considera que el Tribunal General "incurrió en un error" al declarar irrelevante la relación entre el eurodiputado ultra y Vox a la hora de apreciar su imparcialidad. Además, reprocha que el Tribunal General pasó por alto "un elemento especialmente pertinente para la exigencia de imparcialidad" y es el hecho de que en marzo de 2019, Angel Dzhambazki había participado en un evento de Vox bajo el lema Cataluña es España, y que en aquel momento Vox ya había planteado el proceso penal contra los políticos independentistas, con lo cual aquel evento era también a favor del procesamiento

La decisión del TJUE llega cuando Puigdemont y Ponsatí ya no son diputados, y con Comin aún a la espera de poder asumir su acta tras las últimas elecciones. Con la sentencia en la mano, la defensa de Puigdemont estudia cuál debe ser la respuesta después del largo recorrido judicial para denunciar la falta de imparcialidad del procedimiento al que se sometió a los tres políticos independentistas en la Eurocámara. De momento, sin embargo, ya se apunta como más que probable la presentación de un caso por daños y perjuicios.

Sigue ElNacional.cat en WhatsApp, ¡lo encontrarás toda la actualidad, en un clic!