Costó unas intensas y duras negociaciones, e incluso repetir las elecciones generales, tener el primer Gobierno de coalición desde los tiempos de la Segunda República. Finalmente, ahora hace medio año, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consiguieron dar a luz. Y lo hicieron con un ambicioso programa de gobierno progresista pactado, que contemplaba hasta 313 compromisos, algunos de los cuales promesas de hace mucho tiempo. La vicepresidenta Carmen Calvo incluso llegó a elaborar un calendario legislativo para poner desde el principio toda la carne e la parrilla. Pero una pandemia global lo ha paralizado casi todo, por motivos sanitarios. Y también ha llevado a un viraje en la orientación del ejecutivo y a renuncias y cesiones de gran trascendencia.

De los tres centenares de compromisos, prácticamente sólo se han materializado dos relevantes. El primero, la ley de libertad sexual, el famoso sólo sí es sí. Una iniciativa reclamada por la sociedad española, una coincidencia programática, pero que llevó a un duro enfrentamiento y reproches cruzados –incluso de machismo– entre los dos socios, entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. El segundo ha sido el ingreso mínimo vital, que también desembocó en tensión entre los equipos del vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Escrivá, provocando un retraso notable de una prestación que la pandemia hizo más imprescindible que nunca. Pero acabó llegando tal como se había prometido. A diferencia de otros compromisos, que se han acabado rebajando y modulando, como el aumento del salario mínimo (lejos de lo que contempla el acuerdo del gobierno). Otras promesas, en cambio, han sido directamente abandonadas sin horizonte temporal claro.

La pandemia global del coronavirus ha contribuido a centralizar los esfuerzos en la agenda sanitaria. No obstante, la crisis que se ha derivado ha amenazado las arcas públicas y debilitado los apoyos parlamentarios, y ha obligado al presidente Sánchez a buscar más allá del bloque de la investidura. Todavía hay una dura realidad por venir: ¿cómo sanear unas cuentas públicas sobrecargadas por la emergencia social? Los recortes no están descartados. Desde La Moncloa ya buscan tejer alianzas con la derecha, con el PP y Ciudadanos. Con las consecuencias que eso ya ha comportado y comportará todavía más a medida que pasen las semanas.

Reforma laboral

Es quizás lo que más alboroto ha traído. El PSOE y Unidas Podemos acordaron en su programa electoral "derogar la reforma laboral" y "recuperar los derechos laborales arrebatados" por el gobierno Rajoy. Con carácter inmediato se comprometían a suprimir tres aspectos de esta legislación. Cuatro meses después, en plenas negociaciones del estado de alarma, los socialistas dieron un paso más allá y acordaron con EH Bildu "derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular". La rectificación de Ferraz tardó dos horas en llegar, a través de un WhatsApp: la versión buena era la del programa de gobierno.

Hoy, sin embargo, ni siquiera eso. Esta semana se ha repetido la misma escena en la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados. Los abertzales presentaron una enmienda en el grupo de trabajo de economía, pidiendo la derogación de la reforma laboral —sin "íntegra"— y su sustitución por una nueva legislación. Inicialmente salió aprobada con los votos del PSOE, que al cabo de cinco minutos pedía repetir la votación para votar en contra. Votar en contra de lo que llevaban en su programa electoral y de gobierno. La anterior vez la gran patronal ya se había levantado de la mesa de diálogo social. De aquellos tres aspectos inmediatos a suprimir, sólo han derogado uno: la posibilidad de despedir por acumulación de bajas médicas.

Que paguen más los que más tienen

Tal como estaba recogido en el programa, el PSOE y Unidas Podemos tenían intención de llevar a la comisión de reconstrucción las subidas de impuestos a los más ricos. En concreto, había un compromiso entre Sánchez e Iglesias para llevar un aumento de los últimos dos tramos del IRPF, que afectaría a las rentas más altas. Además, los morados también querían llevar la creación de un impuesto específico para las grandes fortunas, como existe en otros países europeos. Pero las dos propuestas han acabado saltando por los aires en pleno acercamiento al PP y Ciudadanos. El documento de conclusiones presentado la semana pasada quedó en un genérico e inconcreto "que aporten más los que más tienen para que reciban más a los que más lo necesitan".

Este jueves, en una entrevista en LaSexta, el mismo Pedro Sánchez admitía que haría falta una subida de impuestos para hacer frente a las consecuencias del coronavirus sobre las arcas públicas. El presidente español ponía el foco en las "grandes corporaciones", que pagan "tipos efectivos del impuesto de sociedades inferiores al 10%". Preguntado sobre la subida del IRPF para los tramos más altos, se limitaba a señalar que así lo contempla el programa electoral, sin más concreción. Y preguntado sobre el impuesto a las grandes fortunas, pelotas fuera; hay otras vías.

La ley mordaza

Durante la moción de censura que lo llevó al poder, Pedro Sánchez defendió la derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que consideró "urgente". Un año y medio más tarde, el acuerdo de gobierno de coalición se comprometía a "aprobar una nueva ley de seguridad de ciudadana, que sustituya la Ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica." Decían que eso se produciría "a la mayor brevedad". Esta semana la ley mordaza del PP ha cumplido cinco años de vida, y este mes se han cumplido dos años de la llegada de Sánchez a La Moncloa. Y ahí sigue, a pesar de los avisos reiterados de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

No sólo no lo han derogado, como la reforma laboral, sino que la ha utilizado más que ningún otro gobierno, y eso que tan sólo llevan seis meses de legislatura, bajo el paraguas del estado de alarma. Durante los primeros 75 días del estado de alarma se impusieron casi 1,1 millones de multas, un incremento del 42% respecto del total de sanciones de los últimos tres años y medio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha dejado claro que tampoco será una derogación íntegra. Contempla mantener el artículo más utilizado durante este de estado de alarma, el que castiga la desobediencia a la autoridad.

La ley 'Berlusconi'

Era el principal compromiso en materia de justicia. Tanto el PSOE como Podemos prometían eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que bautizaron como "ley de impunidad" o "ley Berlusconi". Es la reforma que hizo el PP que establece un plazo máximo de instrucción judicial, y que ha desembocado en el archivamiento de importantes causas de corrupción. En su programa de gobierno se comprometieron a "eliminar el plazo máximo de instrucción para ser una limitación para la lucha contra la corrupción". A la hora de la verdad, sin embargo, lo que han hecho es ampliar el plazo, de seis meses a doce meses prorrogables (de forma debidamente motivada), a través de una enmienda de Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat).

¿Y la mesa de diálogo?

Costó reunir por primera vez la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, incumpliendo lo que acordaron el PSOE y ERC para el debate de investidura. Finalmente se reunió en febrero en el Palacio de La Moncloa. Desde entonces, no se ha vuelto a reunir. Durante el tramo final de la desescalada, el presidente Pedro Sánchez se comprometió a reunirla en el mes de julio. De momento sigue sin haber fecha, aunque hace dos semanas que se ha levantado el estado de alarma. Desde el ejecutivo español han cuestionado la "voluntad política" del president Quim Torra e incluso han especulado con esperar a que pasen unas elecciones catalanas que ni siquiera tienen fecha. Como tampoco la tiene la mesa. El diálogo con Catalunya ha dejado de ser prioritario.