El Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra la consellera en el exilio Clara Ponsatí después de recibir la nueva información que había solicitado al juez Pablo Llarena y que este le ha remitido esta tarde.
Todo después de que la policía británica le dijera a la española que encontraba el orden "desproporcionada" y que necesitaban los antecedentes. Hores después retiraban el término "desproporcionado" y hoy cuando Pablo Llarena ha ampliado la información, basada sobre todo con desobediencia, el han aceptado. Por lo tanto, si ahora Clara Ponsatí intentara salir de Gran Bretaña, la detendrían y la pondrían en manos de las autoridades policiales del país.
Pablo Llarena ha hecho un auto donde describe las resoluciones del Tribunal Constitucional que Ponsatí, junto con el resto del Gobierno desobedeció. Argumenta que Clara Ponsatí siguió un plan para "forzar y obtener la independencia de la Comunidad Autónoma de Catalunya".
Le atribuye como consellera de Enseñanza que diera las órdenes por ceder los centros para poder hacer la votación del 1 de octubre y dice que lo hizo sabiendo que la ley del referéndum había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que sus órdenes también contravenían el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que había ordenado a la policía que cerraran los centros de votación e impidieran el referéndum.
Pablo Llarena atribuye los mismos delitos a Clara Ponsatí que a Dolors Bassa: sedición y malversación. Pero ni en la euroorden, ni ahora en la ampliación de información, describe ningún escenario de violencia y tan sólo de desórdenes públicos que pueda justificar el delito de sedición para Clara Ponsatí.
"Todo eso con el objetivo de conseguir la alteración de la orden legal y constitucional vigente", concluye el escrito, enviado en español y en inglés a través de SIRENE, el sistema por el cual se comunican las órdenes de detención europeas.
La nueva euroorden contra Ponsatí hace días que colea. Se activó el martes y el miércoles pasado se informó de que las autoridades británicas lo habían calificado de "desproporcionado", aunque después señalaron que se había tratado de un error y que su objetivo era señalar que falta información esencial.