Contraataque. Dos investigados del caso Tsunami Democràtic han pedido al juez Manuel García-Castellón varias diligencias para aclarar las sospechas de que investiga el independentismo catalán de forma irregular, "con una investigación continuada desde hace siete años, iniciada en el 2017 y con piezas desgajadas". Es decir, una causa general proscrita por la ley, y con la investigación de unas acciones, la mayoría manifestaciones, que serían competencia, incluso, de los "49 partidos judiciales catalanes". Así lo aseguran el empresario Oriol Soler y el directivo de Òmnium Oleguer Serra, en un escrito presentado por su abogado, Benet Salellas, y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves.
En concreto, para garantizar su derecho de defensa, han pedido al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional "todas las actuaciones previas que hayan concluido en la apertura de las diligencias de Tsunami (DP 85/2019). Incluso, la causa sobre unos espías rusos, que cerró y que ahora ha requerido a la policía española, a petición de dos policías personados como acusación particular.
El juez García-Castellón mantiene abierta desde octubre de 2019 la causa por Tsunami Democrático, y el noviembre pasado resolvió que hay indicios del delito de terrorismo para 12 personas, entre ellas el president en el exilio, Carles Puigdemont, del cual el Tribunal Supremo ha asumido su investigación por terrorismo, como del diputado de ERC Rubèn Wagensberg por su aforo.
Informes de la Guardia Civil
Además, los dos investigados reclaman al juez García-Castellón que pida a "la sección de Información de la Guardia Civil en Catalunya que indique cuál fue la primera comunicación remitida a un órgano judicial con relación a las actividades de Tsunami Democràtic (fecha, referencia y contenido)" y que si fue remitida directamente al juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional "indique el motivo por el cual no se registró en el juzgado central de guardia y se envió directamente al juzgado de García-Castellón.
La petición a la Guardia Civil es motivada porque en el sumario se indica que la causa de Tsunami se inicia por una solicitud de la Sección de Información de la Guardia Civil en Catalunya del 17 de octubre del 2019 de bloqueo de varias páginas web en relación con la investigación desarrollada en las diligencias previas 99/2018 del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Se añade que esta solicitud comportó "el dictado de una resolución en la misma fecha accediendo a la solicitud policial y provocando la incoación de la pieza separada número 4 de las diligencias previas 99/2018 de este mismo juzgado que es registrada posteriormente como las presentes diligencias previas 85/2019". Es decir, las de Tsunami Democràtic.
Por lo tanto, se indica que esta pieza 4 no se remitió ni al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional (incluso se precisa que aquella semana de octubre lo era el juzgado central de instrucción 3) ni tampoco a reparto entre los diferentes juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, "sino que provocó la incoación de una nueva causa directamente en este mismo juzgado ya no como pieza separada de unas anteriores diligencias sino como causa “autónoma” a partir del 29 de octubre del 2019".
Sin defensa
El penalista Benet Salellas expone, en el escrito, que “esta causa general contra el movimiento independentista ha sido troceada en diferentes procedimientos que curiosamente dirigía el mismo magistrado instructor, tiene también un efecto letal al derecho de defensa de los investigados”. Añade que “el hecho que cada uno de los procedimientos creados parta de una investigación anterior, ha servido a este magistrado de manera reiterada para denegar a las defensas el resultado de diligencias de investigación, arguyendo que se encuentran en otro procedimiento en la cual no se encuentran comparecidas”. Y detalla que se ha producido “con asiduidad” en el marco de las Diligencias Previas 99/2018, que derivaban de una investigación anterior contenida en las Diligencias Previas 104/2017.
Operación Judas
Esta situación irregular también fue sufrida por los 12 investigados de la Operación Judas, que irán a juicio, acusados de organización terrorista y por delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas, si la ley de amnistía no les cubre. Los abogados de los investigados, de Alerta Solidaria, tuvieron que pedir el amparo de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para obtener las diligencias ordenadas por el juez García-Castellón de donde salía su investigación, de la cual fueron detenidos el 2019.
Por todo esto, la defensa de Soler y Serra pide al juez el acceso y copia de la totalidad de las actuaciones contenidas en las diligencias previas 104/2017 y 99/2018, de la pieza central y derivadas, que hay en el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Así como la petición a la Guardia Civil. Y finalmente, que el letrado de la Administración de Justicia deje "constancia fehaciente" de si la pieza 4 de las DP 99/2018, que ha dado lugar a las diligencias previas de Tsunami "fue remitida al servicio de Registro y Reparto Penal de la Audiencia Nacional a efectos meramente de registro o también de reparto" y su motivación.