El cantautor Lluís Llach ha reaccionado con rotundidad a la nueva ofensiva del juez Pablo Llarena para intentar detener al president en el exilio, Carles Puigdemont, esquivando la reforma penal y buscando la máxima pena por malversación. "Hoy el president en el exilio, Carles Puigdemont, me representa más que ayer. Todas las conjuras profetizadas se cumplen", ha indicado Llach, recordando que el president siempre había dicho que la reforma legal pactada por ERC y el PSOE no acabaría la persecución política.

La reforma del Código Penal, impulsada por ERC y el PSOE, que ha entrado en vigor este jueves, no beneficia a Puigdemont ni a los consellers en el exilio, y menos a los manifestantes anónimos, en opinión de algunos juristas. Y es que el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa contra los independentistas catalanes, en la actualización de su procesamiento ha retirado el delito de sedición, desde hoy derogado, pero imputa a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig el delito de malversación (art.432 del Código Penal), que implica hasta 8 años de prisión de forma agravada, porque sostiene que no se le puede aplicar la malversación atenuada (art.432 bis) introducida en esta reforma, y que castiga hasta 4 años de prisión la malversación que no implica un lucro personal. Hay juristas que han calificado la interpretación del juez del Tribunal Supremo "de inverosímil".

En concreto, el juez imputa al president Puigdemont como máximo representante del gobierno catalán, el conjunto de los gastos por el referéndum del 1-O, mientras que a Comín y Puig lo hace por los gastos del encargo de las cartas censales a Unipost, que costaron 1 millón de euros, pero que al final no se pagaron. Esta interpretación de la malversación realizada por Llarena también puede perjudicar a los presos políticos condenados por los delitos de sedición en concurso medial con malversación, que son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Habrá que ver la revisión de su condena que hará la sala presidida por Manuel Marchena. También podría perjudicar a los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pendientes de juicio en el TSJC, así como a los altos cargos del juzgado de instrucción 13 y el 18, acusados de malversación por el 1-O.

Llarena expone en su sorprendente interpretación, que no se puede aplicar el nuevo delito de malversación (art.432 bis) a los gastos por el referéndum del 1-O porque "se puede apreciar apariencia de concurrir ánimo de lucro". Añade que la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene que se puede aplicar el delito de malversación básico y agravado, cuando "el ánimo del sujeto activo es disponer como propietario, a título definitivo, del patrimonio público, mientras que el tipo atenuado es únicamente si se dispone temporalmente de una cosa con intención de devolverla posteriormente, y por lo tanto como mera voluntad de uso temporal de esta, y -concluye- que en este caso no se aprecia".