La política española vivía inmersa en una suerte de caverna platónica, donde la Moncloa proyectaba cada viernes que había llegado la legislatura del "diálogo territorial, diálogo político, diálogo social." La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría inauguraba despacho en Barcelona, Ciudadanos presionaba al Partido Popular con el pacto de investidura, y los ministros se entendían con los sindicatos. Había reuniones de presidentes autonómicos en que Susana Díaz todavía quería ser la líder andaluza, Cristóbal Montoro subía impuestos como si de un ministro socialdemócrata se tratara, y el PSOE se colgaba la medalla del salario mínimo y la pobreza energética para arrinconar a Podemos. El objetivo de Mariano Rajoy era garantizarse la estabilidad política, asegurando que atrás habían quedado los usos y costumbres del rodillo de la mayoría absoluta. Pero pasados cinco meses, los movimientos sísmicos amenazan la pared maestra de la cueva, descubriendo la inestabilidad territorial, política y social en el Estado.

Santamaría hace semanas ha abandonado cualquier estrategia de diálogo con el Govern de Catalunya, más allá de "recuperar las instituciones catalanas", a través de visitas a ayuntamientos, empresas y entidades del tejido asociativo. El último gesto fue enviar al gobierno Rajoy al Premio Blanquerna, porque fue otorgado al "gran exseleccionador nacional" de la Roja, Vicente del Bosque. De los encuentros secretos entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su homólogo español no se ha sabido nada más, desde el del 11 de enero, y en Madrid no se esperan reuniones públicas, si no hay acuerdos a los que llegar, para no salir "a bofetadas", según fuentes de la Moncloa.

Todo ello pasa en un momento en que la sentencia inhabilitante del 9-N para el expresident Artur Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega empuja la convocatoria del referéndum. Incluso se prevé que esta semana se conozca la condena para el exconseller de la Presidència y líder del PDeCAT, Francesc Homs, quien ante el Tribunal Supremo aseguró que su inhabilitación podría generar un efecto similar a la caída del Estatut en el año 2010. En el PP, sin embargo, rechazan que eso avive el malestar, y en la Moncloa insisten en que las sentencias "están para cumplirlas", afirmando que el diálogo no tiene "fecha de caducidad", sin concretar cómo enderezarán la situación en adelante.

Con todo, cada semana se revelan nuevas informaciones de remotos planes secretos de Rajoy, que no pasarían por dialogar. Primero, con la operación presunta para precintar colegios; segundo, con la posible aplicación del estado de sitio, en caso de referéndum; y tercero, con la suspensión de políticos a través del Tribunal Constitucional, cosa que la Comisión de Venecia reprobó en su dictamen. Mientras tanto, dejan pasar los meses pasar, conscientes de que presentan determinadas lagunas a la hora de frenar el proceso soberanista, como la imposibilidad de llevar al TC directamente la reforma del reglamento del Parlament para la tramitación exprés de la desconexión.

El diálogo político también ha tropezado, después de los muchos ninguneos de Rajoy a Albert Rivera. La formación naranja se ha cansado de que el PP dé largas a buena parte de las medidas del pacto anticorrupción y cada semana prueba una nueva forma de rebelarse. Primero se produjo la retirada de apoyo a los populares en Murcia; después, el conchavarse con Podemos y el PSOE para tratar de impulsar la comisión para la financiación irregular del PP, así como la limitación de mandatos y la supresión de los aforos; y tercero, el dejar al ejecutivo central con el revolcón histórico del decreto de los estibadores. Los populares aseguran entre pasillos que otra bofetada similar podría poner la legislatura en jaque, y forzar el advenimiento electoral, pero el Gobierno español lo niega.

La sensación, sin embargo, existe y la prueba de fuego podrían ser los presupuestos generales, que el ejecutivo pretende presentar como proyecto en las Cortes la primera semana de abril. Ferraz poco podrá hacer de momento, con el advenimiento inmediato de primarias en el PSOE. El exsecretario general, Pedro Sánchez, trata de desmarcarse de los otros dos candidatos, el ya oficial, Patxi López, y Díaz, quien presentará su candidatura el próximo domingo, 26 de marzo. Hasta pasadas las primarias socialistas, la gestora no tiene incentivos para mantenerse cerca de "la derecha" y alimentar el discurso antiestablishment de Sánchez. Más allá de Cs, sólo el PNV parece dispuesto a poner las cosas fáciles a Rajoy, a cambio de una "agenda secreta" de medidas, según fuentes de Hacienda, y después de que el PP haya dado apoyo a los presupuestos en el País Vasco.

En cuanto a la inestabilidad social, las huelgas y las quejas se acumulan sin que el Gobierno central se inmute en exceso. El fracaso con los estibadores fue precedido de la huelga de la comunidad educativa del 9 de marzo para exigir la derogación de la LOMCE y revertir los "recortes educativos". El portavoz español y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la tachó "de absurda", y aseguró que no se justificaba "en absoluto". Eso sí, anunció que se prepararía la oferta de puestos de trabajo públicos "más importante de la historia de España", de modo que la tasa de interinos pasaría del 20% al 8%, en un intento velado de ganarse el apoyo de algún grupo político para el presupuesto.

Ante esa situación, peligra que sigan invitando a Rajoy a las selectas reuniones con Alemania, Francia e Italia en Versalles. "España tiene un valor que es la estabilidad política, que no abunda en la Unión Europea", dijo De Vigo el viernes, tras el Consejo de Ministros. El hecho es que en la cueva platónica no cesan los derrumbamientos, porque el PP tiende a mantener las formas de la mayoría absolutizante, y De Vigo rebota la pelota, alargando la sombra con que tapar su soledad. "Hay que mantener la estabilidad económica, generar credibilidad y confianza. Nadie está exento de su responsabilidad. Es lo que pretendemos en la legislatura del diálogo" (social, político, territorial).