"El Estado es como un elefante: avanza poco a poco, pero cuando lo hace, tiene mucha fuerza...", decía un miembro del Gobierno hace unas semanas en una conversación informal en el Congreso. "Nos han dicho que estemos aquí hacia el día 20 de agosto", repetía otro ministro entre pasillos, en alusión al procés. "Nosotros nunca dormimos", ironizaba otro miembro del gabinete ministerial, en los descansos de la Moncloa. "Que tengan buenas vacaciones, los que las tengan," advertía el presidente, Mariano Rajoy, desde el ilustre Salón de Tapices.

El Gobierno ha empezado a engrasar esta semana la maquinaria del Estado para suspender de forma inmediata todo avance que permita a la Generalitat aprobar su marco legal para amparar el referéndum. La noticia –fruto de una entrevista en el diario Le Figaro– de que el presidente Carles Puigdemont desacataría al Tribunal Constitucional si era inhabilitado o si las leyes del procés eran suspendidas, podría haber hecho saltar las alarmas, pese a la calma aparente del Partido Popular. "Puede decir lo que quiera, se atendrá a la ley", avisaba el número tres de Rajoy, Fernando Martínez Maíllo; "Puigdemont no puede desobedecer", añadía el presidente, el viernes.

La reacción inmediata de la Moncloa fue extremar las precauciones. Después de que el Parlament aprobó el miércoles la ley de reforma del reglamento para garantizar la desconexión exprés, Rajoy pidió un informe al Consejo de Estado. Este lo autorizó el jueves a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y viernes lo aprobaba el Consejo de Ministros. "La sociedad catalana necesita ser protegida de un proyecto radical", sentenciaba durante la comparecencia posterior de balance del año.

La cuestión es que Rajoy podía no haber presentado el recurso: se podía vehicular mediante el PP catalán y Ciudadanos. Es más, ya en marzo el Gobierno dudaba de que pudiera hacerlo, aunque fuentes gubernamentales decían que lo querían hacer. El principal interrogante era que, al tratarse de un trámite relativo al reglamento de la cámara catalana, se vulnerasen derechos de los parlamentarios.

Pero el recurso ha permitido apuntalar la acción del Gobierno, a través de dos ejes. Primero, no es la primera vez que Rajoy consulta al Consejo de Estado para un asunto relativo al procés, pero ahora se ha revestido de legitimidad de parte de la institución máxima consultiva del Ejecutivo, con lo que ello simboliza, y ha hecho una exhibición de fuerza a modo de advertencia. Esta institución está formada por una serie de padres de la Constitución, el aparato judicial, el estamento económico y el político –con la presencia de ciertos expresidentes de Gobierno.

Segundo, ha permitido coordinar el eje constitucionalista. Fuentes del Gobierno decían que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se había mantenido en contacto las últimas semanas con la jefa de la oposición, Inés Arrimadas y José Manuel Villegas (Ciudadanos), y también, con Miquel Iceta y Patxi López (PSC, PSOE), por el procés. El presidente, a su vez, explicaba que ya había informado a los otros dos partidos del recurso y tenía "la firme seguridad" de que recibiría su apoyo en adelante.

El hecho es que la cohesión PP, PSOE, Cs se había visto ligeramente desmembrada días antes con la medida del FLA condicionado. López e Iceta fueron informados por Santamaría, y más tarde mostraron reticencias ante la medida: los españoles decían que era una "amenaza" y los catalanes incluso tuvieron que rectificar y dar apoyo pleno, días más tarde. Preguntado por El Nacional, Maíllo lo reprochó a los socialistas, en la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo del PP del lunes. Denunció los vaivenes con la plurinacionalidad e instó a Pedro Sánchez a ir "más allá con el referéndum ilegal", porque "una posición intermedia" –la reforma federal de la Constitución– decía que "no ayudaba".

El abismo abierto por el desacato de Puigdemont y la actitud de la oposición no serían los únicos hechos que podrían haber llevado la Moncloa a extremar la maquinaria legal y las medidas preventivas.

El ministro Cristóbal Montoro garantizó el viernes el FLA de julio, aunque todavía no había recibido el listado de nombres de los funcionarios que firman las facturas, tal como preveía el acuerdo aprobado. El vicepresidente y conseller de Economia, Oriol Junqueras, se impuso al día siguiente y no la envió. La Generalitat juega con la hipótesis de que si se deja de pagar ese dinero, lo podrá asumir por su cuenta. Es más, cree que el Estado no cortará el grifo, por el riesgo de posibles consecuencias negativas para la economía española.

En Hacienda, por su parte, recelan sobre los 6.150 euros desviados a procesos electorales, pero Montoro asegura que por ahora no tienen indicios de "ilegalidad" como para actuar. Rajoy añade que "no sabe" si se han comprado ya las urnas. Preguntado por El Nacional el pasado viernes, el jefe del Ejecutivo también "desconoce" los interrogatorios de la Guardia Civil a miembros destacados del Govern, aunque respeta "absolutamente" la acción de los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las asociaciones de la sociedad civil podrían hacer tambalear la amenaza de las multas del Tribunal de Cuentas a políticos soberanistas. Junqueras habló de una caja de resistencia por el 9-N en un artículo en El Nacional y la ANC envió cartas para pedir donativos con el mismo propósito. Eso permitiría vulnerar el control "al dinero de los catalanes", como denunciaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, en cuanto al dinero de las arcas públicas.

Por otro lado, el periodista de renombre José Antonio Zarzalejos publicó el sábado un artículo en el que apuntaba a la situación delicada del Gobierno si el catalán incumple la ley. Aseguraba que el TC se negaría a aplicar su facultad ejecutiva de hacer obedecer sentencias y suspender políticos. Según Zarzalejos, eso abriría una crisis adicional entre el alto tribunal y el ejecutivo central, que provocaría una cascada de acciones de la Fiscalía. Ello podría acabar con la detención del president de la Generalitat.

En todo caso, el Gobierno se siente amparado por la ley para evitar esa situación límite. Este mismo lunes se reunirán los magistrados del Tribunal Constitucional para estudiar el recurso a la reforma del reglamento, algo que coincidirá con la reunión de los diputados de Junts pel Sí y la CUP para registrar la ley de referéndum, que firmaron el mismo viernes. Fuentes del entorno de Santamaría aseguran que la ley no pasará del registro, sino que permanecerá allí porque será inmediatamente impugnada una vez la Mesa lo entre a trámite –algo que confían que no se producirá.

Así es como el elefante empieza a andar para coger impulso en vistas al 1-O. Un animal grande y poderoso, que podría encontrarse ante la disyuntiva alarmente del desacato de Puigdemont y se vería obligado a exhibir la segunda cualidad de los elefantes para evitar "cualquier referéndum": "Es muy pesado", decía el miembro destacado del Gobierno, mencionado más arriba, sobre la fuerza que puede llegar a ejercer.