"Esto no es como aquello de Lola Flores, que pedía a peseta por español" para pagar a Hacienda, decían fuentes del ministerio del Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en una conversación informal con El Nacional. Las palabras eran la respuesta a unas declaraciones del conseller de Presidencia, Jordi Turull, afirmando que "se tocaba a menos de un euro por catalán" para sufragar la multa que el Tribunal de Cuentas podría hacer recaer en el expresident Artur Mas por la consulta del 9-N. 

Y es que la Moncloa quiere evitar que sean los impuestos de los catalanes los que sufraguen las "ilegalidades" soberanistas. "Si cometen actos ilegales, lo tendrán que pagar ellos. No habrá un euro de los catalanes y españoles para sufragar las veleidades secesionistas de unos pocos". Lo ha dicho el ministro de Educación, Cultura y Deportes en un desayuno informativo este jueves en Madrid, considerando que no había un grueso de catalanes "dispuestos a contribuir" con la causa. Pero de ser así, garantiza que no será posible que el dinero público se destine a esos asuntos. Ni por el 9-N, ni tampoco por la multa que podría caer en adelante al Govern, de celebrarse el referéndum del 1 de octubre.

De Vigo ha apuntado al respecto que los consellers catalanes serían conscientes de "sus ilegalidades", tal que "nadie firma nada", en alusión al vicepresident i conseller de Economía, Oriol Junqueras, ante el peligro de sanción. Ha añadido entonces que querían comprar las urnas "en la clandestinidad", en referencia a Turull, sobre que se estudiaban escenarios para su adquisición pero todavía no se preveía mover ficha para ello.

El portavoz no ha querido entrar a valorar las vías para impedir que se pongan las urnas, después de que el nuevo director de los Mossos, Pere Soler, afirmara que habría referéndum, garantizado por la policía autonómica de Catalunya. De Vigo tampoco se ha pronunciado sobre el 155, ni sobre la ley de Seguridad Nacional, que permite al Estado tomar su control. Ahora bien, ha asegurado que los Mossos "obedecerían a la ley", y el Gobierno garantizaría su cumplimiento. Aquí espera contar con el PSOE de Pedro Sánchez, aunque este dude en privado sobre que se pueda frenar una votación el 1-O.