Cuando ya se estaba a punto de acabar el curso político y el segundo tripartito llegaba a su fin, el 28 de julio en el 2010, un Parlament dividido (68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones) aprobó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que prohibía el toreo en Catalunya, pero no los correbous. Una decisión que generó mucha polémica y atención mundial, con medios de todo el mundo pendientes de qué decidirían los 135 diputados de la cámara catalana, solo dos semanas después de que la ciudadanía saliera masivamente en las calles para protestar contra la sentencia del TC sobre el estatuto. El Gobierno lamentó la decisión del Parlament y el PP de Mariano Rajoy aprovechó para cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero. La norma no entró en vigor hasta el 2012: el 25 de septiembre del 2011 se celebró la última corrida en La Monumental de Barcelona. Años más tarde, en el 2016, el Constitucional, declaró inconstitucional y nula la ley que las prohibía, dando la razón al recurso del PP, ya que la tauromaquia había sido declarada patrimonio cultural inmaterial de España. Aunque la ley quedó anulada, no se han celebrado nunca más en Catalunya desde entonces: aquel mismo día, el entonces conseller de Territori del Govern de Carles Puigdemont, Josep Rull dejó claro que el toreo no volvería nunca al país: "Es muy fácil evitar este espectáculo", sostenía.

Un Gobierno dividido

Si el Parlament que aprobó la ILP, y, por lo tanto, la modificación de la ley de protección de animales, votó muy dividido, el Govern del tripartito, conformado por PSC, ERC e ICV no fue menos. Hay que recordar que tanto los socialistas como Convergència y Unió dieron libertad de voto a sus diputados. El Ejecutivo votó en tres sentidos diferentes. El president José Montilla votó en contra, como el entonces consejero|conseller del PSC, Joaquim Nadal. En cambio, el vicepresident Josep Lluís Carod-Rovira y el conseller Joan Saura, de ERC e ICV, a favor. Antoni Castells, conseller de Economía socialista, se abstuvo. Dentro del PSC, la mayoría de votos fueron en contra de esta decisión, pero tres diputados votaron a favor, entre los cuales había Toni Comín, en aquel momento de Ciutadans pel Canvi. Todos los diputados de ERC e Iniciativa votaron favorablemente a prohibir los toros, mientras que los 14 del PP y los 3 de Ciutadans lo hicieron en contra. En cambio, los 48 diputados de CiU también votaron divididos: Artur Mas y 31 más, a favor; 7, entre ellos el ahora conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en contra; 6 abstenciones y 3 diputados no votaron.

Montilla, que no siguió el pleno desde el hemiciclo, compareció para leer una declaración institucional donde explicó que había votado en contra porque creía "en la libertad" y que la modificación de la ley no nacía de su Govern sino de una ILP que recogió unas 180.000 firmas. Intentando tranquilizar los ánimos en Madrid, aseguró que la prohibición no era una golpe de Catalunya al Estado y que aquellos que veían en la decisión elementos identitarios, se equivocaban. Mas, a su vez, justificó el suyo no por "motivos de conciencia", negando también que fuera un "combate" entre Catalunya y Espanya.

Seguimiento de todo el mundo

Fue un pleno con un gran seguimiento, tanto popular como de medios de todo el mundo. Fuera de la cámara había tanto entidades animalistas que esperaban como agua de mayo la prohibición como taurinos que deseaban un giro de guion que no llegó nunca. Muchos, de un lado como del otro, acabaron llorando, fuera de alegría o de pena. Se trataba de un acontecimiento histórico y seguida como tal a través de las redes y por la web del Parlament, donde la votación final fue vista en directo por hasta 60.000 personas en línea, un récord para la página.

Algunas de las personas que se conectaron para seguir el debate y la votación no eran ni de Catalunya ni del Estado, sino de todo el mundo, ya que fue una cuestión que generó interés por todo el planeta: en España, conocida internacionalmente por estas "fiestas", una autonomía las prohibía. La BBC, por ejemplo, explicaba en el Reino Unido que "Catalunya prohíbe las corridas de toros", hablando de una "votación histórica" y que podría ser la primera de muchas iniciativas similares al Estado. The New York Times hablaba de un golpe muy duro a las corridas de toros y del debate sobre la "identidad catalana". También destacaba que este tipo de celebraciones hacía muchos años que iban a la baja. Desde Francia, Le Monde lo tildaba de una "victoria histórica" para los animalistas y también una "voluntad de venganza de algunos políticos catalanes" por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto.