Reformar la Constitución es un fenómeno político casi paranormal en la historia reciente de España. Desde que se aprobó en diciembre de 1978, la Carta Magna ha quedado cerrada y solo se ha abierto un mínimo resquicio en tres ocasiones para modificarla puntualmente y por tres obligaciones: europea en 1992, presupuestaria en 2011 y moral en 2024. Y todas las reformas han compartido tres denominadores comunes: han nacido de la complicidad entre el PSOE y el PP, han evitado que se aborden temas que cuestionen el orden establecido y se han tramitado de manera exprés y en periodos fuera de la actividad ordinaria. La reforma del artículo 49 que el Senado valida esta semana es la enésima demostración de que todo lo que sobresale del perímetro del régimen del 78 no se toca. En 1992 la Constitución se adaptó al Tratado de Maastricht para permitir a los europeos ser elegidos en las elecciones municipales, en 2011 se introdujo el concepto “de estabilidad presupuestaria” y en 2024 se ha eliminado el término “disminuidos”. Cambios con cuentagotas.
La prueba más reciente de todo ello ha sido la no admisión a trámite de las enmiendas que el PNV, Compromís y Més per Mallorca habían registrado para aprovechar que se abría la puerta de la reforma constitucional. El PNV quería, entre otras cuestiones, reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco, Compromís reclamaba recuperar el derecho civil valenciano y Més per Mallorca apostaba por incluir al senador por Formentera. Nada de nada. Las enmiendas no se llegaron a votar porque la Mesa del Congreso alegó que solo se podían aceptar las modificaciones que afectaran al artículo que era objeto de la reforma. Es el mismo razonamiento que hizo la Mesa del Senado para vetar las enmiendas de Compromís y de Més per Mallorca (el PNV no presentó en la Cámara Alta).
Una de las voces más combativas estas semanas ha sido Àgueda Micó, diputada de Compromís, que anunció que su formación llevará la decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional. El PSOE y el PP le insistían que la reforma estaba concebida únicamente para dignificar las personas con discapacidad (eliminando el arcaico término “disminuidos”), pero ella replicaba que el mismo CERMI (el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) había dejado claro que nada impedía que se aprovechara la reforma del artículo 49 “para abordar al mismo tiempo el necesario reintegro del Derecho Civil valenciano”. Por lo tanto, ni con el visto bueno de los principales beneficiados por esta reforma se pudo rasgar la fortificación que el PSOE y el PP habían construido en torno a la reforma constitucional.
El PP cierra la puerta incluso a poder someter la reforma a referéndum
Ahora bien, no ha sido cuestión solo de los temas que se han podido poner sobre la mesa, sino que el PP también ha impedido, con la complicidad del PSOE, que se pueda someter a votación popular la reforma del artículo 49 de la Constitución. Una de las condiciones imprescindibles de los populares era tener la certeza que Sumar no pediría un referéndum para ratificar esta modificación (lo pueden hacer 35 diputados) para evitar que se abriera la puerta a que los partidos independentistas convirtieran el referéndum en un plebiscito sobre la totalidad de la Constitución. Es decir, se pueden enmendar solo determinadas cuestiones y, sea como sea, la reforma constitucional no puede superar los muros de las Cortes Generales. Sin permitir que la ciudadanía diga la suya.
En 2011 sí que se pudo votar un concierto económico por Catalunya
Esta circunscripción a la quirúrgica reforma impulsada por los dos grandes partidos del Estado que hemos visto ahora ya se había producido, con matices, en 2011. En aquel momento, por ejemplo, el Senado inadmitió a trámite las enmiendas de la Entesa Catalana del Progrés (la coalición entre el PSC, ERC e ICV) y del PNV, arguyendo que implicaban una reforma constitucional agravada, que requiere otras mayorías. Las propuestas reclamaban, por ejemplo, reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos catalán y vasco. Fue imposible. Ahora bien (y aquí viene la diferencia con lo que ha pasado en el 2024), el PSC, ERC e ICV pidieron también que se estableciera “un régimen fiscal de concierto económico” en Catalunya. La Mesa del Senado admitió la enmienda, que se llegó a votar, pero fue rechazada por 234 votos en contra y solo 11 a favor: la reforma se hacía por un motivo muy concreto y el PP y el PSOE (aunque era el PSC quien hacía la propuesta), no permitieron desviarse ni un milímetro del camino marcado.
Reformar la Constitución a toda prisa
Aparte de las restricciones a los temas que pueden plantearse en estos procesos de reforma, todas las modificaciones se han hecho a través de una tramitación exprés, comprimiendo al máximo los plazos y limitando los debates. Y se ha resuelto en semanas en las que no acostumbra a haber actividad parlamentaria (porque son meses inhábiles, precisamente, según la misma Constitución). En 1992 y en el 2011 fue en verano y en 2024 ha sido en enero. Reformas deprisa para superar el trámite y volver a poner la llave en la cerradura de la Carta Magna.
En 2011, por ejemplo, pasaron doce días entre la firma inicial de la iniciativa (por parte de José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría) y la validación final: del 26 de agosto al 7 de septiembre. En aquel momento, el entonces portavoz de Convergència y Unió, Antoni Duran y Lleida, consideró que era “esperpéntico que, con nocturnidad y alevosía”, el PSOE y el PP “rompieran e hicieran añicos el consenso constitucional” y reprochó que era “impresentable e inadmisible” hacer una reforma exprés en cuatro días. Por parte de Esquerra Republicana, Joan Ridao lanzó a socialistas y populares que no podían concebir la Constitución como “un tipo de jaula colectiva, que solo se pueda sobar y reformar” cuando el PSOE y el PP quieren. “Resulta que lo que era sagrado, inviolable e intocable, bajo pena de poner en cuestión, de amenazar la concordia, incluso la paz social, se puede cambiar por un simple procedimiento más propio de una insolación veraniega”, arguyó. De hecho, CiU, el PNV y ERC no participaron en aquella votación. Y sus argumentos todavía son válidos trece años después.
Hace justo una semana, Francesc Marc-Álvaro y Jordi Salvador, los dos desde las filas republicanas, cogieron este testigo y denunciaron que la Constitución se haya convertido en una especie de tabú, un debate imposible, que algunos quieren que no se pueda hacer nunca, mientras celebraban que “los dos partidos del régimen”, a pesar de su “pánico” a reformar la Carta Magna, se hubieran puesto de acuerdo para actualizarla. Por su parte, Marta Madrenas, de Junts, celebró que en 2024 se elimine “uno de tantos aspectos miserables que se contemplan al texto constitucional y que determinan que sea una ley decrépita, que ya no capta el pulso de la sociedad actual”.