El viernes 29 de diciembre por la tarde ha sido el momento elegido por PP y PSOE para registrar conjuntamente la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución española para eliminar el término "disminuidos" y actualizar "la protección de los derechos de las personas con discapacidad". Así lo han informado las dos formaciones en un comunicado conjunto, en el cual también apuntan que han solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, con el objetivo que se apruebe definitivamente el próximo mes de enero. Fuentes del PSOE indican que la idea es celebrar un pleno monográfico a mediados de enero, con una primera sesión para tomar en consideración la proposición de ley, dejar 48 horas para presentar enmiendas y realizar un segundo pleno para aprobar el texto. A continuación, la reforma se enviaría al Senado, que le daría la luz verde definitiva.

El nuevo redactado del artículo 49, que se adapta a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, recoge que "las personas con discapacidad" ejercen sus derechos en "condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas" y prevé que una ley regule "la protección especial que sea necesaria". Asimismo, señala que los poderes públicos impulsarán "las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles" y fomentarán "la participación de sus organizaciones". También apunta que se atenderán "particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

En una comparecencia desde el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que este acuerdo, que adapta el artículo 49 "al siglo XX" y supone la primera reforma social de la Constitución, salda "una deuda con las personas con discapacidad" y significa un "éxito colectivo de la sociedad en su conjunto". Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha pronunciado a través de X, donde ha celebrado la reforma, se ha mostrado confiada que se apruebe en enero y ha destacado que el nuevo texto "busca que todas las personas con discapacidad se sientan reflejadas".

 

Sumar se compromete a darle luz verde "incondicionalmente"

Desde Sumar, la reacción inmediata ha sido la de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que en X ha celebrado la "victoria histórica de las personas con discapacidad" y ha reivindicado que esta modificación "no es patrimonio ni mérito de ningún partido". "Daremos apoyo a la reforma incondicionalmente", ha concluido.

Este pronunciamiento parece que apacigua los temores del PP, que puso como a condición de que el PSOE tuviera el compromiso que Sumar no solicitaría un referéndum para validar la reforma. La Constitución prevé que, más allá del referéndum obligatorio para las modificaciones de los preceptos especialmente protegidos, se someta a referéndum cualquier reforma de la Carta Magna si lo piden una décima parte de diputados (35) o de senadores (27).

Los partidos independentistas catalanes, vascos y gallegos, que ahora mismo suman 26 parlamentarios en el Congreso, no tienen suficiente peso para conseguirlo y, por lo tanto, la posición de Sumar sería decisiva. Someter este leve cambio a las urnas abriría la puerta a que el independentismo convirtiera el referéndum en un plebiscito sobre la totalidad de la Constitución.

Objetivo: la unanimidad y que sea el primero de otros grandes acuerdos

En su comparecencia, el ministro Bolaños ha apuntado que a finales de la pasada legislatura hablaron de esta reforma con todos los grupos, que transmitieron su apoyo, y ha verbalizado que en los últimos días ha hablado por teléfono con el ministro Pablo Bustinduy para explicarle los avances que se iban produciendo. Además, hoy mismo han enviado el texto registrado a todos los grupos parlamentarios.

La voluntad de PP y PSOE es que la reforma, que tiene el apoyo del CERMI (el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) se apruebe por unanimidad, ya que, en palabras de Bolaños, "no hay ningún motivo para no apoyarla".

Asimismo, Bolaños ha aprovechado para barrer para casa y ha puesto de relieve que "donde hay voluntad, hay camino para el acuerdo" y que "el diálogo y el acuerdo no pueden ser la excepción, sino que tienen que ser la norma". La referencia, sin duda, es a las negociaciones para la renovación del CGPJ, como él mismo ha rubricado: "Debe ser el primero de otros grandes acuerdos de país que tenemos que lograr pronto con el principal partido de la oposición".

Una reforma que se remonta a 2021

La eliminación del término "disminuidos" de la Constitución está sobre la mesa desde mayo del 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de modificación del artículo 49, impulsado por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La reforma superó el primer examen parlamentario en septiembre de 2021, cuando el pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PP y Vox. Las dos enmiendas a la totalidad de devolución recibieron 142 votos a favor (de los populares, los de extrema derecha, un exdiputado de Ciudadanos y el representante de Foro Asturias), demasiados poco para devolver el proyecto al Gobierno, pero suficientes para bloquear posteriormente la reforma, que requiere el apoyo de tres quintas partes (210 diputados).

Así pues, la iniciativa quedó aparcada en un cajón, según Bolaños porque "no tenía el consenso suficiente", hasta que, a principios de 2023, PSOE y PP llegaron a un principio de acuerdo para sacarla adelante, con la condición, impuesta por los populares, que la modificación se circunscribiera únicamente al artículo 49, una exigencia que Unidas Podemos aceptó. Sin embargo, desde entonces no se habían producido avances y la propuesta había vuelto a quedar atascada. Con la disolución anticipada de las Cortes Generales, la iniciativa parlamentaria decayó.

Si acaba saliendo adelante, esta sería la tercera reforma de la Constitución desde su aprobación en 1978. Las otras dos también han sido quirúrgicas: en julio de 1992 para modificar el artículo 13 para adaptarlo al Tratado de Maastricht, un cambio aprobado por unanimidad, y en septiembre del 2011 para introducir el concepto "estabilidad presupuestaria" en el artículo 135, con los votos favorables de PSOE, PP y UPN.