El PSOE y el PP reafirman su firme negativa a un salario mínimo catalán y a ajustar las pensiones al coste de la vida de Catalunya. Lo han hecho patente en una votación en el Senado a una moción impulsada por Junts que solo ha recibido el apoyo de ERC, Bildu, Coalición Canaria y la Agrupación Herreña Independiente y la abstención del PNV, el BNG, Más Madrid y Geroa Bai. Se ha rechazado por 18 votos a favor, 237 votos en contra y 8 abstenciones. El texto que se ha votado, que no tenía efectos vinculantes, llega después de que hace un mes los juntaires interpelaran directamente a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre esta cuestión y ella se opusiera a las pretensiones de los independentistas escudándose en la Constitución. Concretamente, la iniciativa de Junts reclamaba revalorizar las pensiones y ajustar el Salario Mínimo Interprofesional según el “coste real de la vida en cada nación del estado o comunidad autónoma”. En el primer caso, “garantizando que los pensionistas mantengan un poder adquisitivo equivalente y una calidad de vida digna” y en el segundo, “permitiendo que la cuantía [del SMI] sea superior en aquellos lugares donde los precios de bienes y servicios esenciales sean más elevados”. Asimismo, apostaba por establecer un “mecanismo de actualización periódica” que refleje las variaciones en el coste de la vida en cada territorio.
📝 El Gobierno se opone a un ‘salario mínimo catalán’ escudándose en la Constitución
Sin embargo, desde el primer momento, el Gobierno cerró la puerta a ello con la excusa de que la Constitución lo impide. Hace un mes, al ser interpelada por esta cuestión, la ministra Elma Saiz argumentó que es un “mandato constitucional” que el salario mínimo sea “igual para todos” los ciudadanos españoles, independientemente del territorio donde vivan, sostuvo que la Moncloa ya tiene en cuenta indicadores como el IPC, la productividad o la situación económica para marcar el salario mínimo y recordó que el SMI “puede ser mejorado por convenio colectivo”. Sobre las pensiones, la ministra resaltó que no se calcula en función del coste de la vida de cada territorio, sino según la edad de jubilación o el importe cotizado de cada ciudadano. “No es procedente adaptar el coste de las pensiones al IPC autonómico por el principio de solidaridad, equidad y unidad del sistema”, concluyó.
Lejos de estos recelos, Junts hace tiempo que lucha para adaptar el SMI a la realidad de cada territorio. De hecho, el manifiesto de la formación para el Día del Trabajador reivindicaba que “no se puede hablar de trabajo, ocupación, salario o pensiones sin tener en cuenta que el coste de la vida es un 7,6% superior al resto del Estado”. “Hay que tener presente este factor a la hora de plantear nuestras reivindicaciones laborales porque si defendemos salarios dignos, no podemos aplicar el mismo SMI que en el resto del Estado”, subrayaba el texto.
“Tratar igual los que están en situación de desigualdad perpetúa la injusticia social”
Durante el debate en el Senado, Teresa Pallarès defendió que la voluntad de los juntaires es “adaptar el sistema a las diferencias y a las particularidades de las personas que viven, trabajan o se jubilan en un territorio determinado” y, más allá de Catalunya, mencionó los casos de Madrid, el País Vasco y las Illes Balears como territorios que “sufren esta desigualdad estructural”. “A pesar de estas diferencias, los trabajadores receptores del SMI o pensionistas reciben los mismos ingresos que en otros lugares donde el coste de la vida es significativamente inferior. La consecuencia es que hay una desigualdad territorial y una reducción de la capacidad adquisitiva de miles de ciudadanos”, denunció. “Un país que trata igual los que están en situación de desigualdad perpetúa la injusticia social”, remachó. Finalmente, hizo dos últimas reivindicaciones: reclamó el traspaso de la Seguridad Social para convertirla en una “caja catalana que pueda hacer frente a los incrementos de las pensiones de acuerdo con la recaptación que se hace en Catalunya” y la competencia para que la Generalitat pueda fijar, de acuerdo con los agentes sociales y económicos, el salario mínimo.
ERC secunda la demanda de un SMI catalán y apela al PSOE: “Falta voluntad política”
“Es absolutamente necesario adecuar el salario mínimo y toda la normativa a la realidad social a la que nos atenemos”, reivindicó el senador de ERC Joan Queralt. “Y esto no rompen ningún principio de igualdad porque se trata desigualmente a los que son desiguales”, argumentó. El republicano cifró en 1.420 euros el salario catalán y emplazó a la Moncloa a ahorrarse las excusas: “Se puede hacer a través de la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores delegando la fijación del salario mínimo territorializado”. “Aquí lo que falta es la voluntad política y no esconder bajo la capa de la igualdad y de la unidad lo que muchas veces excusas de mal pagador, entre el militarismo del PP y la complacencia del PSOE”, añadió. “No es ningún privilegio ni nadie estaría discriminado, es una cuestión de sentido común”, apostilló.
El PSOE y el PP hacen pinza en contra de la reclamación de Junts
Durante el debate, en nombre del PSOE, Mayte Pérez puso a Junts al mismo nivel que el PP: “Obvian, por ejemplo, la negociación laboral, como lo hizo Rajoy con la letal reforma laboral, o comparten reflexiones de Ayuso, excesivamente reduccionistas y clasistas”. La senadora socialista arguyó que la propuesta “aporta más riesgos que oportunidades” y “contradice preceptos legales” y reprochó a los juntaires que votaran en contra del impuesto a las energéticas, dado que “supondría un ingreso en las arcas para poder mejorar las pensiones”. “¿Por qué ponemos el límite en la comunidad autónoma y no lo hacemos en la provincia o en el municipio?”, se preguntó.
Finalmente, en nombre del PP, María del Rocío Dívar catalogó la moción de “barbaridad” y de “deriva clasista y antidemocrática” y arremetió contra una propuesta “revestida de preocupación social que esconde la misma obsesión de siempre de privilegiar a ciertas personas en función del lugar en el que han nacido”. “Lo más preocupante de esta moción es el trasfondo ideológico que la sostiene, que es esa constante pretensión de que Catalunya siempre merece más”, remachó.