Nuevamente se ha impuesto la pinza del PSOE, el PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox en el Congreso de los Diputados. Este martes, la Junta de Portavoces ha vetado una nueva comisión de investigación, en este caso la registrada por Unidas Podemos, los independentistas y los soberanistas para investigar el CatalanGate, el escándalo de espionaje masivo a políticos, dirigentes sociales, abogados y periodistas catalanes y vascos. Solo se ha conseguido, por decisión mayoritaria de los portavoces, que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el pleno para dar explicacions sobre el caso Pegasus, a petición de los mismos grupos. La fecha aún está por determinar.
Pero no habrá ninguna comisión específica. Ni siquiera el espionaje al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles, revelado ayer por La Moncloa, ha hecho mover a los socialistas de posición. Se mantienen que el foro donde se tiene que resolver es a la comisión de secretos oficiales, donde comparecerá la directora del CNI, Paz Esteban, y de donde no puede salir nada públicamente. Está castigado por ley.
La petición de comisión fue registrada hace casi dos semanas, fue admitida a trámite hace una semana por la Mesa del Congreso de los Diputados pero hoy ha sido tumbada por la Junta de Portavoces de la cámara baja. El texto fue firmado por los portavoces de Unidas Podemos y los comunes, ERC, Junts per Catalunya, el PDeCAT, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis. Y reclamaban que se investigara "el espionaje e intromisión a la privacidad a través del malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, instituciones y sus familiares".
Este mismo martes, en una entrevista a la SER, el ministro Félix Bolaños ha vuelto a cerrar la puerta a la comisión de investigación, aunque el escándalo ya afecta a miembros del Consejo de Ministros. Ha argumentado que la gente que tuviera información no podría hablar por ley y "sólo hablarían los que no saben". Así, ha rechazado la petición del independentismo. También ha negado que la información conocida ayer sobre Sánchez y Robles sea "una cortina de humo". Lo fían todo a la comisión de secretos oficiales, que "es el órgano que tiene las competencias para conocer este tema".
El independentismo tampoco se mueve de su posición: hace falta una comisión de investigación, como la tumbada hoy por el PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha aprovechado el veto para enviar un aviso al gobierno de Pedro Sánchez: "No son conscientes de las consecuencias de este voto. Quien crea que esto se puede tapar y no se cargará la legislatura, no está evaluando la magnitud de lo que tenemos delante". De la misma manera, Míriam Nogueras, de Junts, ha cargado contra los socialistas: "Que el PSOE no quiera una comisión de investigación confirma que el PSOE no está interesado en conocer la verdad. Sólo podemos pensar que tiene algi que esconder".
Desbloqueo exprés
Después de dos años bloqueada, el Congreso constituyó el jueves pasado, de forma exprés, la comisión de secretos oficiales. Lo hizo después de rebajar la mayoría reforzada a mayoría absoluta para escoger sus miembros, y así poder saltar el veto de la derecha y la extrema derecha a los representantes independentistas. Allí podría dar explicaciones Paz Esteban, directora del CNI, esta misma semana, en una convocatoria todavía por cerrar. No obstante, este órgano se reúne a puerta cerrada y su contenido no puede ser filtrado públicamente, según la ley de secretos oficiales. Los independentistas son totalmente escépticos sobre que pueda servir para poner luces y taquígrafos a un escándalo de espionaje político masivo contra el independentismo (y ahora también contra el mismo Gobierno).