Ni siquiera después de hacerse pública la infección con Pegasus de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles. El Gobierno mantiene cerrada la puerta a una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje político, solicitada por Unidas Podemos y los independentistas. Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados pero previsiblemente será tumbada por el PSOE. Así lo ha descartado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha negado la portada de ABC, según la cual sabían de la infección desde hace meses. Ha asegurado que revisaron los dos terminales "preocupados" por las informaciones sobre el espionaje a independentistas. No ha hecho ninguna "conjetura" sobre si ha sido Marruecos o "elementos incontrolados" –en palabras del ministro- del CNI. También ha evitado dejar en bandeja la cabeza de la directora del organismo, Paz Esteban.
En una entrevista este martes en la SER, Félix Bolaños ha vuelto a defender que la comisión de secretos oficiales (a puerta cerrada y sin poder filtrar nada legalmente) "es el órgano que tiene las competencias para conocer este tema", y que es allí donde comparecerá la directora del CNI. Hacer una comisión de investigación parlamentaria, ha rebatido, "no tendría ningún sentido". Ha argumentado que la gente que tuviera información no podría hablar por ley y "sólo hablarían los que no saben". Así, ha rechazado la petición del independentismo. También ha negado que la información conocida ayer sobre Sánchez y Robles sea "una cortina de humo".
Más allá de esto, el ministro de la Presidencia no se ha movido del argumentario de ayer. Ha asegurado que se trata de un ataque "externo", que quiere decir que no se ha hecho desde un "organismo oficial con autorización judicial". Pero "quién no lo sabemos". En este sentido, ha pedido "no hacer suposiciones con ninguna base probatoria", ni sobre Marruecos (que ya habría intentado espiar al presidente francés Emmanuel Macron) ni sobre "elementos incontrolados" de organismos del Estado como el CNI. "No tenemos absolutamente ninguna información en este sentido. No conocemos quién ha podido ser", ha asegurado Bolaños, que no ha cerrado la puerta a ningún escenario. Lo que sí que ha desmentido es que ningún informe acredite que también fue espiada la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, una de las protagonistas de la crisis con el Marruecos del año 2021.
Sobre la depuración de responsabilidades, el dirigente socialista ha asegurado que ahora estamos en la fase "de esclarecer los hechos, lo que ha ocurrido" y sacar conclusiones sobre qué ha podido fallar para reforzar los protocolos de seguridad. Preguntado sobre si la directora del CNI, Paz Esteban, tiene que continuar en el cargo, se ha limitado a decir que "sigue en el cargo y está trabajando en esclarecer los hechos". Después de recibir este fin de semana los informes de Sánchez y Robles, ahora se están investigando los teléfonos de otros miembros del Gobierno.
Respuesta al PP
Tan pronto como se supo la información, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó perplejidad porque se conociera ayer de esta manera y en pleno 2 de Mayo a la Comunidad de Madrid. Bolaños ha replicado los populares que fueron informados previamente a la rueda de prensa de ayer por la mañana. Y no se ha ahorrado los reproches: "Echo de menos una verdadera altura de Estado en el PP. Ayer haciendo este tipo de insinuaciones no la tuvo. Demuestra que el PP tiene algo de atávico que le impide estar en la oposición y ser un partido de Estado y responsable". Y ha remachado: "Cada vez se parece más al señor Casado".
En manos de la Audiencia Nacional
La denuncia de la Abogacía del Estado registrada ayer por el espionaje enaSánchez y Robles ha recaído en el juzgado de instrucción 4 de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado José Luis Calama. Será este juez que justamente decidirá si el CatalanGate, la investigación masiva al independentismo, se investiga de forma conjunta. Así lo ha detallado la ministra de Justicia, Pilar Llop, que también ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de las autoridades judiciales "todos los medios del Centro Criptológico Nacional". Llop ha defendido que el Gobierno está actuando con "absoluta transparencia" para aclarar los hechos.