El PSOE, Podemos y PP han tumbado este martes una proposición de ley que pretendía hacer más transparente el CNI. Con 300 votos en contra —prácticamente todo el Congreso de los Diputados— y solo 37 votos a favor, la cámara baja ha dado luz roja a una proposición del PNV en respuesta a los espionajes de Pegasus. El diputado Aitor Esteban ha defendido la proposición de su partido a primera hora de la tarde, y los diversos grupos parlamentarios han estado negociando hasta a última hora para mirar si el proyecto podía salir adelante para presentar enmiendas posteriormente. De hecho, la diputada socialista Zaida Cantera ha pronunciado un discurso con tintes de ambigüedad que abría la puerta a encontrar un acuerdo durante las horas posteriores. No ha sido así. Uno de los argumentos para defender el voto en contra por parte de los socialistas ha sido que una reforma del CNI ha de salir del Consejo de Ministros para contar "con las mejores garantías de rigurosidad técnica"; Pedro Sánchez ya se comprometió el pasado mes de mayo a reformar el órgano.

El PNV ha llevado este martes al Congreso esta proposición de reforma de ley a fin de que fuera el presidente del Gobierno quien designara al director del Centro Nacional de Inteligencia. La intención era que, de esta manera, el director de los servicios de inteligencia del Estado quedara más vinculado políticamente al jefe del ejecutivo. Se trata de una propuesta que también contemplaba un refuerzo del control judicial a las actividades de los servicios del CNI.

Se trataba de una iniciativa que se registró en el Congreso el mes de mayo de este año, cuando estalló la polémica por el espionaje con Pegasus que habían sufrido decenas de líderes independentistas y, supuestamente, miembros del Gobierno como el presidente Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Aquel escándalo desencadenó el cese de Paz Esteban, directora del CNI. La sustituyó en el cargo Esperanza Casteleiro, mano derecha de Robles, ya que era secretaria de Estado de Defensa.

La propuesta del PNV no solo pedía que fuera el presidente del Gobierno —y no un ministro— quien designara al director de los servicios de espionaje españoles. También pedía que los diputados del Congreso Diputados fueran informados a través de la Comisión de Gastos Reservados sobre cuáles son los medios que utiliza el CNI para realizar espionajes. De hecho, los diputados no pueden confirmar a través de esta comisión si el CNI ha dispuesto de Pegasus. Es más, el ministro del Interior lo ha negado siempre.

La intención del PNV también era que pasen a ser tres jueces, y no solo uno, los que den permiso para espiar. Como se trata de jueces del Tribunal Supremo y, por lo tanto, no hay una segunda instancia, también se quería que la decisión se tomara por unanimidad. Los magistrados tendrían que ser informados previamente de cuáles serán los métodos utilizados por el CNI, a fin de que pudieran evaluar cuál sería el nivel de intromisión y de riesgo de vulneración de derechos en cada espionaje. El partido vasco también apostaba por obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control para permitir saber si se ha ajustado la autorización previa y que sería útil a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.