Hubo negociaciones hasta el martes, cuando el PSOE se levantó de la mesa de negociación. Sobre la mesa , una iniciativa promovida por entidades de todo el Estado y partidos políticos en el Congreso de los Diputados: pedir que idiomas como el catalán, el euskera, el gallego, el aragonés o el asturiano tengan los mismos derechos que el castellano. Sólo se han aprobado tres de los ocho puntos, pero no los puntos clave de la proposición no de ley. Los socialistas han justificado la "seguridad jurídica" porque los otros puntos eran "inconstitucionales" sin una reforma legislativa. La iniciativa, pues, ha quedado aguada y muy lejos de las expectativas. Estaba firmada por Unidas Podemos, ERC, JxCat, el PDeCAT, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Compromis y Más País

¿Qué puntos se han aprobado? El 4, que instaael Gobierno a "impulsar y dar apoyo a reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que todavía no son oficiales en parte o la totalidad del territorio donde se hablan". El 7, que habla de "permitir el uso administrativo de las diferentes lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de estos espacios lingüísticos". Es el caso de la recepción de TV3 en el País Valencià. Y también ha salido adelante el punto 8, que en términos genéricos habla de "respeto real, basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado". Tan genérico que este último punto incluso ha contado con el voto favorable del PP y Ciudadanos.

 

¿Qué puntos han naufragado? Los más esenciales. Entre ellos, el punto 1, para "iniciar todas las acciones para que las lenguas propias diferentes del castellano disfruten del mismo reconocimiento y los sus hablantes de los mismos deberes y derechos que se reconocen al castellano". También los puntos que hablaban del requisito de conocimiento de las lenguas por parte de los funcionarios públicos, el que reclamaba que la administración del Estado también funcione en las diferentes lenguas o el de "poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal".

El martes por la mañana, desde las entidades en defensa de las lenguas, que habían acudido a las puertas del Congreso, no las tenían todas con lo que pudiera hacer al PSOE, de quien dependía de que prosperara la iniciativa. Y, efectivamente, los socialistas se plantaron, asegurando que el conjunto del texto presentado "tiene imposible su encaje en la legislación vigente sin una reforma legal e inconstitucional". Por eso instaban a EH Bildu, el grupo que la presentó, a aceptar su enmienda si querían su apoyo total. Como no se ha aceptado, el resultado final ha sido una iniciativa aguada.