El compromiso del PSC en el cordón antifascista contra Vox empieza a resquebrajarse. Cuándo se ha tenido que pasar de las palabras a los hechos, los socialistas han empezado a dudar, y es que muy pronto han visto, ellos, también, las orejas al lobo: la legalidad española. Concretamente ha sido con la designación de los ocho senadores autonómicos, de los cuales al menos uno correspondería a Vox, y que ERC, JxCat, la CUP y los comuns ya se han conjurado a evitarlo.

No el PSC, que este jueves ha hecho evidente su distanciamiento con respecto a "la estrategia" del resto de grupos con los cuales firmó al inicio de la legislatura el pacto anti-Vox. "No nos saltaremos la ley ni el Estatuto, no es democrático vetar la representación institucionales de los partidos" que "han sido escogidos por el conjunto de la ciudadanía", ha asegurado en rueda de prensa al portavoz adjunto de los socialistas, Raúl Moreno.

De hecho, el dirigente socialista ha lanzado un dardo al resto de formaciones sobre este aspecto: "Aquellos que se llenan la boca de democracia lo tendrían que respetar". Preguntado sobre si este posicionamiento es definitivo, Moreno se ha mostrado dispuesto a estudiar otros caminos, pero siempre "respetando la ley y el Estatuto" e insinuando que no será posible.

 

Compartir el objetivo pero no la estrategia

Con este desmarque, los socialistas argumentan, pues, que comparten el objetivo pero no la estrategia, la cual es "fundamental para no conseguir efectos adversos". "No se tiene que dar protagonismo y foco a la extrema derecha ya que lo aprovechan para hacer circular su discurso de odio. Se los tiene que combatir con argumentos y políticas públicas que no les dejen crecer", ha dicho.

También ha acusado a otros partidos de buscar la confrontación "estéril" por motivos partidistas y ha puesto como ejemplo el hecho de que los diputados independentistas y comuns abandonaran el hemiciclo en el discurso del líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga.

Precisamente, esta comparecencia del socialista se ha producido inmediatamente después de que lo hicieran el resto de grupos que habían suscrito el pacto anti-Vox. Los cuatro grupos han reconvertido aquel documento firmado ahora hace dos meses en dos propuestas de resolución, una para la creación de una comisión de estudio sobre el racismo institucional en Catalunya, y otra que despliega una serie de medidas para proteger el Parlament de los discursos de odio.

Así pues y a pesar del margen que han querido dejar a los socialistas -las propuestas no entrarán en registro hasta el próximo martes-, parece difícil que se acaben sumando viendo las diferencias de fondo.