El pasado mes de marzo, los partidos independentistas, los comunes y los socialistas suscribieron un acuerdo para arrinconar a Vox en el Parlament. El segundo punto de aquel cordón sanitario decía que "siempre que sea posible" se intentará evitar "la presencia de formaciones de extrema derecha en los nombramientos que el Parlament tiene potestad". Este apartado ha acabado motivando una división entre los firmantes originales y el PSC se ha acabado descolgando. La fractura se ha visualizado este jueves en el Parlamento.

ERC, Junts, CUP y comunes han reconvertido aquel documento firmado ahora hace dos meses en dos propuestas de resolución. Las iniciativas presentadas apuestan por la creación de una comisión de estudio sobre el racismo institucional en Catalunya, así como una serie de medidas para proteger el Parlament de los discursos de odio. Al texto impulsado, "se reafirma la vocación de la cámara de continuar siendo un espacio de libertad y confrontación política, de ideas y de diálogo" e invita a "impulsar una reforma del reglamento que garantice este blindaje ante los discursos del odio y la discriminación". Las propuestas se entrarán el martes en el registro y se está pendiente de si el PSC se desmarca o no.

El senador de la discordia

El PSC advierte del riesgo que pasarse de frenazo alimente Vox que, recuerdan, bebe del victimismo para crecer en las urnas. En este sentido, como ya adelantó ElNacional.cat hace unos días, el veto a la designación del senador que correspondería a Vox ha resquebrajado el bloque contra la ultra derecha.

El reglamento estipula que la Junta de Portavoces debe fijar el número de senadores que corresponden a cada grupo parlamentario en función de los resultados obtenidos a las elecciones. En base al 14-F, a Vox tocaría uno. Y el propósito de independentistas y comunes son conjurarse por impedir que el Parlamento envíe al Senado a un representante de Vox. Con todo, los grupos independentistas reconocen que están buscando los mecanismos jurídicos para dilucidar si hay o no cobertura jurídica.

Los letrados del Parlament expresaron sus dudas a la reunión de la Mesa de este martes. Existe el precedente del veto a Miquel Iceta el año 2019, cuando el independentismo tumbó su designación en la votación al pleno. El líder socialista acabó llevando el caso al TC, pero el recurso decayó porque el PSC acabó proponiendo un candidato alternativo. En todo caso, la diferencia es que entonces no se ponía en cuestión que la silla fuera para el PSC, sino que el veto era al nombre concreto. Ahora, en cambio, lo que se querría bloquear es que la plaza sea para Vox.

En la imagen principal, los diputados de Vox en la entrada del Parlament. / S. Alcàzar

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El nuevo Parlamento Independentistas, comunes y PSC arrinconan a Vox en el Parlament Marina Fernàndez Torné / Laura Cercós