Después de llegar a un acuerdo programático para un gobierno de coalición e investir a un presidente, llega el paso más importante: hacer que este nuevo ejecutivo resista. Por este motivo, el PSOE y Unidas Podemos han firmado este miércoles un protocolo de seguimiento de la alianza. Sus objetivos se podrían resumir en tres: intentar tener una sola voz, no pisarse los unos a los otros y lavar los trapos sucios en casa. Para garantizar el cumplimiento, se crean dos órganos de vigilancia: la comisión permanente de seguimiento del acuerdo y la comisión de seguimiento parlamentario. El documento de cinco páginas ha sido firmado por Adriana Lastra y Rafael Simancas por parte de los socialistas y por Irene Montero, Jaume Asens e Ione Belarra por parte de los morados.
Antes de nada, el documento firmado establece que el nuevo gobierno "se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para aplicar eficazmente el programa conjunto". También subraya que la acción de gobierno "se desarrollará en todo momento con pleno respeto a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico", y en particular al artículo 98 de la Constitución, que establece las funciones de cada uno dentro del Consejo de Ministros. Los miembros del nuevo ejecutivo tendrán que mantener la máxima discreción sobre las negociaciones y acuerdos.
Con respecto a la comisión permanente, se conformará en los primeros 30 días desde la formación de gobierno, y tendrá como objetivos "revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre los dos socios, y unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa de gobierno progresista". Formarán parte dos representantes de la Presidencia, dos de la Vicepresidencia Primera (PSOE), dos de la Vicepresidencia Segunda (Unidas Podemos), un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación, un representante del área de comunicación de la Vicepresidencia Segunda y un representante de cada grupo parlamentario.
Se reunirá cuando lo acuerden sus miembros, pero con voluntad que tenga "carácter dinámico, ágil y operativo". Entre sus funciones, destaca la de "coordinar con la comisión de seguimiento parlamentario el posicionamiento y la respuesta a los acontecimientos políticos que se produzcan y las iniciativas de otros actores políticos, a fin de mantener la unidad de acción de la coalición de gobierno y de los grupos parlamentarios." También se encargará de "solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito del gobierno de coalición en ejecución de los compromisos del programa común de gobierno".
Por otra parte, está la comisión de seguimiento parlamentario. También se constituirá en los 30 días siguientes a la formación de gobierno. Estará formada, de manera paritaria, por cinco miembros del grupo parlamentario del PSOE y cinco miembros del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Se reunirá con la periodicidad que acuerden sus miembros.
El documento establece que el PSOE y Unidas Podemos "se comprometen a dar apoyo parlamentario en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo a la acción del gobierno y al desarrollo de los acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno". De esta manera, actuarán "con unidad de criterio y de sentido de voto en lo que afecte a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno progresista".
En este contexto, en caso de que el PSOE o Unidas Podemos presenten iniciativas parlamentarias que afecten a la acción de gobierno o sus acuerdos, tendrán que comunicarlo con suficiente antelación al otro socio y hará falta el acuerdo de las dos partes para la presentación y la posición conjunta. En caso de que las iniciativas sean presentadas por otro grupo parlamentario, también tendrán que fijar conjuntamente el sentido del voto. Todos los proyectos de ley que salgan de La Moncloa tendrán que ser "apoyados, defendidos y votados favorablemente por ambos socios".
Ante las iniciativas parlamentarias presentadas por cualquier grupo y ajenas a la acción de gobierno pero que "tengan alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal" los socios "deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre si". En el resto de supuestos, de menor trascendencia, bastará informando al otro grupo.
También en el ámbito parlamentario, los dos socios se comprometen a "trabajar de manera coordinada para concitar el mayor apoyo parlamentario posible entre el resto de fuerzas políticas a las iniciativas del gobierno".
El documento añade que "la aplicación de estos compromisos buscará compatibilizarse con las posiciones ideológicas y programáticas de cada partido, manteniéndose la libertad de voto" siempre que no afecte al programa de gobierno, la acción unitaria del gobierno o los presupuestos del Estado.
Comunicación conjunta
El PSOE y Unidas Podemos también acuerdan una estrategia de comunicación conjunta. El primer punto indica que "los miembros del gobierno de coalición se comprometen a mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida" con respecto a la acción de gobierno. También establece que "los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación los principales anuncios y compromisos que se realizarán". Finalmente, "los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros".
Resolución de diferencias
Como buen gobierno de coalición, tiene que plantearse futuras discrepancias. Los dos socios dedican un capítulo a su resolución, que tendrá lugar en la comisión permanente si afectan al contenido del acuerdo de gobierno o a la actuación del ejecutivo.
Este apartado también establece que, en el caso de una reestructuración de gobierno, cada partido mantendrá el número de áreas gestionadas y su peso relativo dentro del ejecutivo. Si esta reestructuración implica una "alteración sustancial" de los acuerdos previos, las partes "volverán a abordar las cuestiones esenciales que se planteen".
"El principio de diálogo y búsqueda de consenso será especialmente aplicado en caso de discrepancia entre los socios", señala el protocolo firmado. Y añade: "No obstante, en casos excepcionales, por el caso en que los instrumentos previstos no fueran suficientes para superar una discrepancia, al menos se acordará en la comisión permanente su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación". El objetivo es "mantener la estabilidad del gobierno y no erosionar la confianza de la coalición".