El Gobierno hace como si nada. Veinticuatro horas después de que la dirección de Junts per Catalunya tomara la decisión —ahora deberá ser avalada por la militancia— de romper sus relaciones con el PSOE, el ejecutivo de Pedro Sánchez hace como si nada. La receta para seguir gobernando es, según ha expuesto este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el “diálogo, la negociación y el esfuerzo”. “Continuaremos gobernando hasta 2027”, ha sentenciado la portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa que ambos han protagonizado tras la reunión del Consejo de Ministros.
Los socialistas actúan, al día siguiente de la ruptura anunciada por Carles Puigdemont, como si se tratara de una crisis más. “Este Congreso ya nació complejo y fraccionado; habríamos preferido una composición diferente, pero es lo que los españoles votaron y responde a la pluralidad del Estado”, ha dicho Bolaños para relativizar la situación. Y Alegría ha reiterado que el Gobierno sigue con su “mano tendida” a Junts per Catalunya. Al igual que este lunes, los socialistas han asegurado que sí “cumplen” los acuerdos alcanzados con Junts a cambio de la investidura de Sánchez, pero que hay algunos que dependen de terceros y que son más complicados de alcanzar. Entre las carpetas que hay sobre la mesa y que no se desencallan desde hace meses, hay elementos como la aplicación total de la ley de amnistía, la delegación de las competencias en inmigración, el bloqueo a la ley para endurecer las penas a los multireincidentes, la reforma de la ley contra las ocupaciones, así como la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
Además, preguntada por los próximos presupuestos generales del Estado, la portavoz ha vuelto a decir que el ejecutivo tiene la intención de presentarlos y de “sudar la camiseta para aprobarlos”. Pero ha vuelto a poner el mismo cojín de siempre por si las cuentas no acaban saliendo adelante: “Los actuales, que están prorrogados, son unos presupuestos de un gobierno progresista”. “El proyecto de presupuestos ya está avanzado para poder presentarlo, y en los próximos días convocaremos el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha añadido la también ministra de Educación.
El Gobierno aprueba la nueva ley de enjuiciamiento criminal
Paralelamente, el Gobierno ha aprobado la nueva ley de enjuiciamiento criminal que, entre sus principales características, deja en manos de la Fiscalía las instrucciones penales y veta que los partidos políticos ejerzan como acusación popular. Bolaños ha presentado el proyecto en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión de los martes del Consejo de Ministros. Ha destacado en múltiples ocasiones la necesidad de aprobar esta ley, que sustituye a la del año 1882. “Es del mismo año que empezó a construirse la Sagrada Familia; las grandes obras, arquitectónicas y legislativas, necesitan su tiempo”, ha señalado con tono socarrón.
Para aprobar esta ley, sin embargo, el Gobierno necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados. Y Bolaños ha presentado la iniciativa al día siguiente de que Junts per Catalunya decidiera romper con el PSOE y situarse en la oposición. Sea como sea, los principales cambios de la nueva ley son que el Ministerio Fiscal dirigirá a partir de ahora la investigación penal. Esto ya se aplica en la mayoría de los países de la Unión Europea. Según el Gobierno, esto agiliza la instrucción. También se crea la figura del juez de garantías, que podrá valorar los recursos que presenten las partes si consideran que sus derechos fundamentales son vulnerados. También habrá un juez de audiencia preliminar que evaluará el trabajo realizado por el fiscal y el juez de garantías y decidirá qué pruebas se aceptan de cara a un juicio, o bien si es necesario archivar la causa.
Por otro lado, la ley regula la acusación popular. Ya no podrán ejercer este papel las personas jurídicas públicas, los partidos políticos, los sindicatos o las asociaciones que dependen de ellos. De hecho, la nueva ley también incluye un nuevo “límite objetivo”, en palabras del ministro Bolaños. Actualmente, cualquier acusación popular puede querellarse por cualquier delito. Ahora se establece un catálogo de delitos por los cuales la acusación popular puede ejercerse. Y son intereses colectivos, no individuales.