El Ayuntamiento de Elx, gobernado en coalición por PP y Vox, se ha cerrado en la convicción de mantener la 'cruz de los caídos' franquista que hay en el paseo de Germanies de la localidad alicantina, a pesar del enfrentamiento con la oposición socialista y de Compromís, un aviso y posible retirada de fondos de la Comisión Europea y una resolución del Defensor del Pueblo. El alcalde, Pablo Ruz (PP), sostiene que los informes que ha hecho su consistorio avalan que no es un símbolo franquista, sino "un símbolo consolidado" del municipio "resignificado y democratizado" y alega que su gobierno no tiene la voluntad de "de destruir", sino de "construir".
En el marco de un proyecto para remodelar urbanísticamente esta zona de la ciudad, el antiguo equipo de gobierno, una coalición entre PSPV-PSOE y Compromís, optó por retirar el monumento por ser contrario a la ley de memoria democrática. Con la llegada del nuevo gobierno derechista después de las elecciones municipales del 28-M ha quedado paralizada la retirada. Los socialistas locales elevaron al Defensor del Pueblo el caso, que este jueves emitió una resolución en la cual reprochan al gobierno de Ruz que haya preparado dos informes ad hoc para sustentar una decisión "que ya se había tomado previamente" y en la que se señala que la cruz es un vestigio de la dictadura.
La Comisión Europea amenaza con retirar los fondos
Además, el asunto ha llegado a Europa, en tanto que la remodelación de la plaza se hace gracias a una contribución de fondos europeos. Los socialistas han elevado el caso vía pregunta a la Comisión Europea, que ha respondido que toda operación financiada con fondos europeos tiene que cumplir el derecho de la Unión y las leyes del estado miembro correspondiente, criterio que incluye la ley de memoria democrática. En caso contrario, el ejecutivo europeo señala que "el importe de la contribución europea abonado se tendrá que reembolsar", de forma que Elx podría sufrir esta sanción europea y perder los fondos para la remodelación urbanística, unos 85.000 euros del importe total de 1,1 millones.
El ayuntamiento se hará cargo si Europa sanciona
Por su parte, el alcalde Pablo Ruz ha querido cerrar el debate asegurando que "la cruz no se moverá" y se ha desentendido de los avisos de la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo. El alcalde 'popular' sostiene que el Ayuntamiento se hará cargo del importe si Europa retira los fondos y ha reiterado que el consistorio tiene informes técnicos de tipo patrimoniales y jurídicos que avalan la cruz franquista, inaugurada en 1944 por "los caídos por Dios y por España". Ruz también ha desestimado el informe del Defensor del Pueblo, al considerar que la institución liderada por el socialista Ángel Gabilondo ha tomado una decisión "de parte".