El PP ha registrado en el Congreso una propuesta para suspender parcialmente o limitar las subvenciones públicas a aquellos partidos que tengan en su seno a condenados por delitos como la rebelión, la sedición, contra la Corona y las instituciones del Estado o contra la separación de poderes, lo que podría afectar a formaciones como ERC, JxCat o la CUP.

Se trata de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos que los 'populares' ya presentaron hace dos años, pocos días después de que su líder, Pablo Casado, lanzara la idea de suspender subvenciones públicas a aquellos partidos que alienten la violencia o inciten a la confrontación civil en Catalunya.

Sin embargo, la iniciativa no se llegó a debatir ante la disolución de las Cortes con motivo de las elecciones de abril de 2019. Ahora el PP la recupera para su debate en el Pleno del Congreso, donde recientemente se discutió una propuesta de Vox para ilegalizar a todos los partidos independentistas, que no salió adelante.

Objetivo: "detener" la financiación

En su texto, el PP deja claro que su proposición no persigue ilegalizar un partido sino "detener" que la financiación que se le da para cumplir con sus fines democráticos se destine a sufragar la actividad que realicen personas condenadas por delitos que atentan contra la Constitución.

Los populares señalan que los intentos independentistas de quebrar la unidad de España han generado un estado de la opinión pública que hace necesario poner el foco de atención sobre quienes, valiéndose de las instituciones y los propios partidos políticos, "pretenden socavar los cimientos de la democracia y la soberanía nacional".

Esta misma necesidad surge frente al auge de cualquier movimiento que, desde dentro de un partido político, proteja, ampare y financie a individuos que actúen delictivamente en contra de la Constitución o la paz, el orden público y la seguridad, subvirtiendo la finalidad última del propio partido, que es ser un elemento esencial de la democracia constitucional.

En concreto, la reforma persigue establecer un mecanismo para que el Consejo de Ministros pueda suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación de fondos públicos estatales que reciben aquellos partidos con personas condenadas, entre otros, por delitos contra la Constitución, tales como la rebelión o contra la Corona, o contra el orden público, como la sedición o terrorismo. Pero, eso sí, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra ellos para expulsarles.