El baile de acuerdos entre el Partido Popular y el PSOE amenaza con acaparar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, dejando una vez más el criterio territorial fuera de juego. La ausencia de Catalunya y el País Vasco ha ahogado la Operación Diálogo, en el intento de dejar el soberanismo sin referéndum. Pero con presencia o sin ella de las únicas comunidades no gobernadas por el PP y el PSOE, estos podrán vehicular igualmente sus intereses estatales. Por una parte, ratificando sus pactos recientes, y por otra, facilitando a la Moncloa presionar a las autonomías socialistas para los Presupuestos, ahora que fuentes del ejecutivo ven "buen clima" entre ellos.
Mientras la líder andaluza Susana Díaz acumula números en las quinielas en la carrera para liderar Ferraz, la reunión del 17 de enero puede servir para dar combustible al tándem de pactos recientes con Génova –véase el decreto sobre pobreza energética o la subida del salario mínimo–. Sobre la mesa habrá una serie de temas como la sostenibilidad del estado del bienestar –que incluye dependencia o pensiones–, infraestructuras, protección civil, que podrían ablandar los ánimos de las siete autonomías socialistas (Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia y Andalucía) en la correlación de fuerzas que las une con Madrid.
La conferencia llega además después de la queja de varias autonomías durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el sistema de financiación del Estado. "No es un regalo", decían algunas sobre el Fondo de Liquidez Autonómico. "No más chantaje", se quejaba Díaz días antes. Esta se lamentaba de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizara las comunidades socialistas como "rehenes" para aprobar las cuentas a Mariano Rajoy. El hecho es que una presión similar se produjo antes con la investidura, ante el riesgo de prolongar el bloqueo.
La cuestión es que el sistema de financiación también será motivo del encuentro, pero no se esperan cambios en la línea que quieren Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana. Estos tres gobiernos se volvieron a quedar solos reclamando el déficit asimétrico que recomienda la Autoridad Fiscal Independiente, un organismo ajeno al poder político, que defiende que este sistema sería más "eficiente". Ahí es donde el PP podría preservar la voluntad de algunas comunidades del PSOE, como Castilla-La Mancha, que no quieren romper el café para todos, "base del modelo autonómico", y sofocar las quejas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre cómo el sistema favorece a Extremadura o Andalucía.
Así y todo, no sería la primera vez que las siete consiguen reforzar los lazos entre Díaz y Rajoy. Así pasó con el pacto sobre el déficit autonómico entre PP y PSOE, o con el retorno de la selectividad, en pleno proceso de derogación de la Lomce. Entonces ya Catalunya, el País Vasco y Navarra criticaron que los dos partidos estatales habían cocinado la cuestión solos.
De hecho, Educación volverá a ser un tema estrella de la reunión de presidentes, y algunas fuentes aseguran que se abordará también el pacto nacional al respeto, que también suma a Ciudadanos, pero que no estará. Nuevamente, la nueva política será apartada del tándem bipartidista.
Mayoría de votos
El día 21 de diciembre los consejeros de la Presidencia Neus Munté y Josu Erkoreka no estuvieron en la elección de temas y el formato de la conferencia. Por la mañana, esta tendrá carácter deliberativo, con una intervención de Rajoy sobre temas de la Unión Europea y otros que configuran el orden del día, y por la tarde, carácter decisorio –en una votación con mayoría de PP y PSOE–. "Se ha decidido la agenda entre todos", decían fuentes de la vicepresidencia, como exhibiendo el criterio compartido entre Estado y autonomías. El hecho es que las segundas no dejarán de ser un instrumento para los fines políticos del primero.
Por ejemplo, la ley de pobreza energética será trasladada de forma casi obligada, porque parte de la competencia es autonómica. El temor tácito que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha subrayado es que en el desarrollo del reglamento se invadan competencias, porque las sociales son de las autonomías y la política energética, del Estado. El mismo Nadal puso en entredicho su espíritu codecisorio afirmando que si España fuera un Estado centralizado "no habría problemas" a la hora de legislar el tema.
Más allá de evitar nuevas causas en el Tribunal Constitucional, la ausencia del president Carles Puigdemont y el lendakari Íñigo Urkullu no altera la tarea de la Moncloa para que la ley salga adelante. Nadal indicó que ya había grupos en el Congreso que podían velar por sus intereses, como es el caso de ERC, el PDeCAT o el PNV. Es más, el propio titular de Energía aseguró que aquellas comunidades que tuvieran una ley propia, como es el caso de Catalunya –que ha servido para inspirar la ley española–, podrían seguir aplicando la suya.
Por lo tanto, con el PSOE y el club de las siete, el PP va tirando.