El PP trata de mantener viva la línea de presión a Sánchez que llevaría el Congreso de los Diputados, la misma cámara que le invistió presidente del Gobierno, a exigirle elecciones generales anticipadas. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este jueves que llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de vetar que el Pleno debatiera dos enmiendas de Junts per Catalunya y el propio PP que pedían la disolución de las Cortes. Las enmiendas se registraron dentro de una moción consecuencia de interpelación de los populares al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Según señalan los populares a través de un comunicado, este veto a las enmiendas "es una nueva cacicada de Francina Armengol", presidenta del Congreso. Se trata, insisten, de un "cambio de criterio oportunista", ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates. De hecho, Junts per Catalunya ya fue al choque total con Sánchez fue hace más de un año, cuando registraron en esta misma cámara una proposición no de ley que le instaba a presentarse a una cuestión de confianza. Esa vez, como las relaciones entre PSOE y los independentistas capitaneados por Míriam Nogueras no estaban rotas, los socialistas optaron por permitir el registro del texto. Pero ambas iniciativas, la de entonces y la de ahora, tenían en común que la cámara se hubiera pronunciado sobre una prerrogativa que está únicamente en manos del presidente del Gobierno.
La decisión de convocar elecciones o de someterse a una cuestión de confianza es una potestad únicamente en manos del jefe del ejecutivo. Pero los parlamentos acostumbran a pronunciarse sobre aspectos diversos. Por eso existen las proposiciones no de ley o las mociones como la que había registrado el PP: no tienen ningún efecto jurídico, pero la cámara emite un posicionamiento que es simbólico. Hace un año y medio, Junts presionaba para que la Cámara instara —sin ninguna obligación— a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Al final, los independentistas retiraron la iniciativa por recomendación del verificador del mecanismo de mediación internacional, Francisco Galindo, quien pidió al partido de Carles Puigdemont dar marcha atrás por la "ruptura difícil de superar" que aquello habría implicado, y porque confiaba en que se cumplirían más acuerdos firmados entre las partes.
Escrito de reconsideración y recurso ante el Constitucional
Tras la decisión de la Mesa, este mismo martes el grupo parlamentario del PP envió un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la cámara contra una decisión que "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad". Pero a la espera de la respuesta de este escrito, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha decidido acudir ante el Constitucional porque consideran que el veto de PSOE y Sumar es "arbitrario y servil a Pedro Sánchez".