Nunca se habían convocado unas elecciones estatales en pleno verano. Y el Partido Popular se aferra a esta circunstancia novedosa para criticar el movimiento de Pedro Sánchez el día después de verse superado en las urnas el 28 de mayo. Después de que Isabel Díaz Ayuso acabara la campaña electoral tirando acusaciones de fraude electoral por los escándalos relacionados con la compra de voto por correo, el PP ha activado todos sus resortes para dudar de las intenciones del PSOE abriendo las urnas un 23 de julio. De algunos mensajes de sus dirigentes se desprende la idea de que Pedro Sánchez quiere poner "dificultades" para ejercer el derecho al voto porque entienden que "faltarán apoderados e interventores" en los colegios electorales para aquellas fechas estivales. Y entre líneas se puede leer que, según su punto de vista, está la voluntad de manipular los resultados de las urnas al más puro estilo trumpista.

Una de las conclusiones del 28-M es que la derecha y la extrema derecha tienen a los votantes movilizados. Al menos, así lo dicen los datos: tienen a la parroquia más movilizada que la izquierda clásica y la izquierda alternativa, que ha perdido hasta la camisa en las municipales y autonómicas. Pedro Sánchez se ha propuesto romper esta tendencia en menos de dos meses enviando un toque de alerta e insuflando el discurso del miedo contra "la oleada reaccionaria" de PP y Vox, según ha dicho a sus diputados y senadores este miércoles al mediodía. Partiendo de esta reflexión, en la cúpula del PP reina la convicción de que Pedro Sánchez ha puesto las elecciones a finales de julio para diluir lo que denominan "tsunami azul". Le ha puesto voz la secretaria general, Cuca Gamarra, que defiende que Sánchez "tiene la voluntad que la gente al final renuncie a ejercer el derecho al voto poniendo ciertas dificultades". Por eso, ha animado a los ciudadanos a "buscar el instrumento" y ha hecho referencia al voto presencial y el postal. De hecho, las peticiones para votar por correo se han triplicado este martes, el primer día en que se podía pedir en las oficinas de Correos, respecto de las solicitudes registradas en la primera jornada hábil de las últimas elecciones generales de 2019.

Por descontado, el PP alimenta la polémica y las sospechas sobre el sistema electoral español a raíz de los hechos puntuales ocurridos en Melilla y algunos municipios andaluces, a partir de los cuales el PSOE salió salpicado. De hecho, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al PSOE de "pucherazo" lanzando acusaciones de fraude electoral en el cierre de campaña, ha redoblado los ataques para soltar que Sánchez convoca elecciones el 23 de julio "para que falten interventores y apoderados" y, de esta manera, "cambiar las cosas sin miramientos". "Como vio el 28 de mayo que su proyecto ya no se lo cree nadie, está totalmente acabado y necesita sacarse de la manga cualquier proceso y cualquier situación, y a ver si de esta manera le salen las cifras", ha remachado Ayuso delante de la cúpula del PP de Madrid.

El mensaje de raíz trumpista de dudar del proceso electoral convive con la queja de Alberto Núñez Feijóo sobre la fecha escogida. "Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país, y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país, es un hecho sin precedentes de democracia española", ha asegurado este miércoles desde las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona. Y en este punto se ha preguntado si el gobierno central "busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar". "No lo sé", se ha autocontestado el líder del PP, a quien el PSOE ha recordado que, en su última etapa como presidente de la Xunta de Galicia, convocó elecciones autonómicas el 12 de julio de 2020, en plena pandemia.