Los funcionarios han bloqueado este viernes los accesos a las prisiones de Brians 1 y 2, Lledoners, Quatre Camins, Joves, Ponent, Puig de les Basses i Wad-Ras. Unos 5.000 presos han quedado encerrados en sus celdas por falta de trabajadores. El motivo es el asesinato de una cocinera por un preso en la prisión de Mas d'Enric (Tarragonès). La revuelta de los funcionarios no es el tema mayor de las portadas de los diarios de Barcelona, salvo la del Ara, que lo lleva en el título y foto principales. La Vanguardia y El Periódico publican la foto de portada. Quizás el asunto merecía más, especialmente tras la redefinición del delito de terrorismo hecha por el Tribunal Supremo español. Un juez, un fiscal o un Manos Limpias de la vida, si tienen ganas, pueden hacer mucho daño enganchando la revuelta de los funcionarios de prisiones a la creatividad de la Sala de lo Penal del Supremo. Quizás por este motivo, los diarios no se atreven a soplar este fuego en portada, no sea que paguen justos por terroristas. No sería la primera vez.
Las portadas de los diarios de Madrid se tiran por la cabeza el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de la amnistía. ABC y La Razón toman al argumentario del Partido Popular y ponen el acento en las recomendaciones sobre la ley —cuestiona la tramitación por vía de urgencia o la ampliación de su ámbito temporal vía enmienda transaccional. El País, en cambio, se apunta al argumentario del gobierno español, que destaca aspectos más sustanciales: la legitimidad política de la amnistía como “instrumento de reconciliación” y el hecho de que no haya que reformar la Constitución para aprobarla, como sostenía el PP. Es una dificultad inacabable, porque ninguna de las partes está dispuesta a aceptar todo el informe ni a trabajar, como hace La Vanguardia en su título principal: “La Comisión de Venecia ve útil la ley de Amnistía, pero pide más consenso”. El diario barcelonés habla propiamente del informe, de su contenido, y no de las interpretaciones que hace la trinchera de preferencia. Solo hay que saber leer y evitar embanderarse con uno de los bandos. En fin, otro intento de hacer descarrilar la amnistía que fracasa, pese a los esfuerzos de los diarios madrileños por sostenerlo vivo.
Otra trifulca interesante de la prensa de Madrid —en la de Barcelona ni se lo menciona— gira en torno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González fue denunciado por la fiscalía provincial de Madrid a principios de marzo por un doble fraude fiscal de 350.951 euros, derivado de su intermediación en la compra de mascarillas en la China, por la que recibió unos dos millones de euros. El mes anterior, el abogado de González ya había enviado un correo a la fiscalía donde reconocía los delitos de su cliente y ofrecía un pacto: devolver la cantidad defraudada y aceptar una sanción, según un comunicado de la misma fiscalía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha utilizado este comunicado para atacar a Ayuso. Ahora, el Colegio de Abogados de Madrid acusa a la fiscalía y Montero de una revelación de datos “de extrema gravedad” porque descubre una investigación todavía en marcha. El asunto puede tener poco recorrido, dado que el abogado de González ha dicho que no denunciará ni se querellará contra Montero, ni la Agencia Tributaria, ni la fiscalía.
El colegio de abogados, sin embargo, sigue en pie de guerra. Aquí entra El País, señalando que el colegio calla sobre el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que reveló otro correo electrónico en el que el fiscal encargado del caso comunica al abogado de González que ya había denunciado a su cliente al juzgado y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena. Horas después, el mismo Rodríguez publicó en redes sociales que el fiscal había retirado la oferta de acuerdo por “órdenes de arriba”, en alusión al fiscal general del Estado (por aquí entra El Mundo). El comunicado de la fiscalía provincial de Madrid que alarma al colegio se emitió en respuesta a estas acusaciones. Como en el caso del informe de la Comisión de Venecia, no hay manera de centrarse en la sustancia del asunto: el fraude fiscal (o la amnistía). Lástima.
