Tooooodas las portadas informan este martes la decisión del Rey de España de hacer público su patrimonio: 2.573.392,80 euros, procedentes de los ahorros sobre las asignaciones de la Casa del Rey, que vienen de tu bolsillo. Las portadas que no abren con esta información, los cuatro diarios de Barcelona y El Mundo, lo llevan también de una manera u otra en primera página. La trompetería con que se informa de este hecho es desmedida, encomiástica. La prensa dinástica lo aprovecha para hacer la apología de la renovación de la Casa Real que ha acometido Felipe VI y su afán de transparencia, bla, bla, bla. También —y sobre todo— para hacer una comparación favorable y encomiástica respecto a los tinglados financieros de Juan Carlos I, a quien la fiscalía describió hace unos meses como "comisionista internacional" antes de hacer lo imposible por desactivar todas las investigaciones sobre sus tráficos pecuniarios entre Arabia Saudí, Panamá, el Reino Unido, Suiza y etcétera, de los que su hijo no sabía nada de nada de nada.
Estas portadas recuerdan uno de los episodios relatado en los excelentes diarios que publica el escritor español Andrés Trapiello desde 1990 bajo el título general de Salón de Pasos Perdidos. Así, de memoria, es difícil recordar en qué volumen aparece —es en uno de los tres o cuatro primeros, seguro. Con ocasión de la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía a una ciudad, Trapiello comenta irónicamente, con mucha gracia, cuán insufrible es, de una puerilidad tóxica, escuchar los aspavientos de los comentaristas de la televisión cuando los reyes saludan a la gente con aquel giro mecánico de la mano a derecha e izquierda tan imitado. Le parece que esta actitud fastidiosa y remilgada hacia un gesto tan normal y común, por el mero hecho de que sus protagionistas son los reyes, infantiliza la audiencia, y reflexiona sobre el absurdo de revestir cualquier actividad ordinaria de la monarquía con un aura de misterio y maravilla, porque lo ve como una manera de tratar a la gente de tontorrones y una falta de respeto. Hoy se repite la escena de nuevo. Porque, en fin, Felipe VI no ha hecho más que lo que hacen todos los que caen bajo las leyes de transparencia y altos cargos, de 2013 y 2015, respectivamente, de las cuales estaba expresamente excluído el jefe del Estado porque, porque... porque sí. La alegría no es completa, qué pena, porque la Casa Real ha anunciado que no hará público el patrimonio de la Reina Letizia. Tampoco sabremos cómo la familia Borbón ocupó el trono de España sin apenas un duro y en 2012 se le atribuía una fortuna de casi 2.000 millones de euros, según el cálculo e The New York Times en un reportaje donde el diario norteamericano remarcaba que "aun es un secreto" cómo Juan Carlos "ha amasado su considerable riqueza personal". En 2022 ya tenemos alguna idea, como explicaba en este reportaje Nick Casey, el jefe de la corresponsalía del diario en Madrid. A la prensa dinástica española, en cambio, se les cae la baba con la "decisión personal" de Felipe VI de hacer público su patrimonio —privilegio que no tiene ningún otro ciudadano español— porque sirve para "pasar página del pasado e iniciar una nueva etapa con el fin de recuperar el crédito de la Monarquía", como afirma El País en una cepillada que no puede ser más lacaya y servil. Una buena idea para comprobarlo, si tan seguros están de la "nueva etapa" es que el CIS vuelva a preguntar a los españoles por la monarquía. En fin. Trapiello tenía razón entonces y aun la tiene hoy.
El mismo diario cita fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para decir que el espionaje de más de 65 figuras independentistas catalanas con el software Pegasus se hizo con autorización judicial y desacreditar de cabo a rabo la investigación de Citizen Lab sobre el CatalanGate. Es curioso cómo la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha podido ofrecer esta información al Congreso mientras que las misteriosas fuentes del CNI lo explican categóricamente a El País con tanta soltura. "Yo no puedo ni nadie puede hacer ninguna declaración sobre lo que hace el CNI, porque se estaría vulnerando la ley," insistió Robles ayer en Cádiz. Bien, pues alguien del mismo CNI ha vulnerado esa ley, la misma en que se amparó la ministra, el pasado miércoles día 20, para reprochar al President Aragonès las acusaciones contra el espionaje español. El CNI es "un organismo que no se puede defender", dijo. A ver qué hace ahora la ministra, que se habrá asustado al ver que al CNI no le hacía falta su protección. Ya se defiende solito ni que sea saltándose la ley. Con su celo por el estado de derecho, es seguro que Robles ordenará una investigación para saber quién y cómo.
