Tres meses y medio después, el caso de Francesc de Dalmases empieza a desencallarse en el Parlament de Catalunya. Este jueves, a puerta cerrada, se ha reunido la comisión del estatuto de los diputados, forzada por ERC, la CUP y los comunes. Y ha acordado abrir formalmente la investigación al diputado de Junts y colaborador estrecho de Laura Borràs para determinar si vulneró o no el código de conducta. Según fuentes parlamentarias, los miembros de este órgano esperan resolverlo "a la mayor brevedad posible", en un plazo de dos semanas. Aunque Dalmases ha entrado un escrito reiterándose en las explicaciones que ya ha dado, la comisión le ofrecerá igualmente la posibilidad de una audiencia. A la intimidación a la subdirectora del FAQS de TV3, se han sumado las denuncias de cinco mujeres que ha revelado El Periódico. La decisión sobre la sanción recaerá en la Mesa de la cámara catalana.
¿Qué ha acordado hoy la comisión? Por asentimiento, tal como establece el código de conducta, se ha acordado iniciar una investigación para determinar si lo vulneró o no y se ha decidido incorporar al expediente dos documentos: el informe que hizo el director de TV3 del episodio al FAQS y la comparecencia que el mismo Dalmases hizo delante la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales el pasado septiembre. A partir de aquí, es obligatorio ofrecer la posibilidad de una audiencia pública al diputado. Dalmases ha hecho llegar un escrito donde se reafirma en las explicaciones que ya dio, y adelanta que no va a comparecer porque se encuentra de baja. Sin embargo, se le ofrecerá igualmente esta posibilidad.
A partir de aquí, la comisión tiene que elaborar un dictamen con una propuesta o recomendación que se elevará a la Mesa del Parlament, que es el competente para decidir la sanción económica al diputado si se considera que ha vulnerado el código de conducta. No hay plazos preestablecidos, pero se quiere llegar a la próxima sesión de la comisión con un dictamen a partir del que trabajar. Varias fuentes parlamentarias insisten en que se han propuesto hacerlo "con la mayor celeridad posible" y fijan un periodo estimado de dos semanas. Se han conjurado para no dilatarlo en el tiempo.
Además del caso de Francesc de Dalmases, la comisión del estatuto de los diputados también ha iniciado investigación a dos diputados de Vox, Ignacio Garriga y Alberto Tarradas, por sus faltas de respeto reiteradas en sede parlamentaria. No obstante, estas investigaciones se han dejado en suspenso a la espera de un informe jurídico encargado por la Mesa del Parlament sobre el alcance de la libertad de expresión de los diputados.
Sesión a puerta cerrada
El caso concreto de Francesc de Dalmases se ha abordado a puerta cerrada, como ha establecido el presidente de la comisión Jaume Alonso-Cuevillas. La primera parte de la sesión, donde se han hecho consideraciones generales, sí que se ha celebrado con publicidad. Varios portavoces han reprochado a Cuevillas justamente el retraso a la hora de convocar la comisión, y el de los comunes, David Cid, incluso ha criticado que, una hora antes, en una entrevista en TV3, haya dicho que el código de conducta era una "chapuza". Cuevillas se ha excusado por la falta de celeridad y ha justificado que ante las dudas que le generaba el código de conducta --que se aplica por primera vez desde su aprobación el año 2016-- decidió pedir un informe en la Mesa, que este miércoles le respondió sobre cómo proceder.
¿Cuáles son las posibles sanciones?
El Código de Conducta del Parlament establece una amonestación pública o multas de 600 a 12.000 euros por infracciones leves y abre la posibilidad de que el pleno apruebe una suspensión temporal para los casos muy graves. El texto aprobado en 2016 dice en el artículo 7.2 que los diputados "tienen que mantener una conducta en todo momento respetuosa con los otros diputados y con los ciudadanos". Con respecto a los medios de comunicación, afirma que la colaboración se tiene que orientar "a favor del derecho a la información y del derecho de los ciudadanos a poder tener una opinión informada".
¿Tiene que dimitir?
El código de conducta sólo prevé la suspensión de un diputado en casos muy graves. No obstante, hay otro debate encima de la mesa: ¿tiene que dimitir? La ejecutiva de Junts aceptó su renuncia como vicepresidente del partido y como miembro de la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Y diversos dirigentes junteros, como Míriam Nogueras o Joan Canadell en entrevistas en ElNacional.cat, han dado el caso por "cerrado" con las responsabilidades ya asumidas. Pero otros miembros de la formación intentaron impulsar una resolución reclamando que renunciara también al acta de diputado y que, si no lo hacía, se adoptaran las medidas necesarias para apartarlo del grupo parlamentario.