El fiscal general del Estado vuelve a esquivar el intento de maniobra del PP para seguir poniendo piedras en el camino de la amnistía. Haciendo uso de su mayoría absoluta, el PP forzó el Senado a finales de noviembre a solicitar al Consejo Fiscal un informe sobre la norma que tiene que poner fin a la persecución contra el independentismo. En enero, Álvaro García Ortiz desestimó la petición popular, alegando que “cualquier pronunciamiento” podría ser “una distorsión en el debate jurídico”. A pesar de esta negativa, el PP volvió a pedirle un pronunciamiento, y este lunes, coincidiendo con la aprobación del informe fabricado por el PP que tilda la amnistía de “golpe mortal”, el fiscal general ha enviado una carta al presidente del Senado descartándolo definitivamente. En el escrito, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, García Ortiz replica que elaborar el dictamen no tiene “ninguna fundamentación” y deja claro que el Consejo Fiscal “no tiene competencia para informar sobre proposiciones de ley que estén en tramitación parlamentaria”

 

De esta forma, el PP se queda sin otra arma que quería construir para hacer frente a la amnistía. Después de la primera negativa, García Ortiz reivindicó que su función como fiscal general del Estado no es “hacer de comentarista político, sino promover la acción de la Justicia ante los tribunales”. Previamente, la Asociación de Fiscales (de talante conservador) había denunciado que el fiscal general del estado no hubiera dado respuesta a la demanda del Senado y criticó que la reclamación de la Cámara Alta española no se había comunicado en el Consejo Fiscal.

En la misma petición inicial de los populares, la Cámara Alta también reclamó un dictamen al Consejo General del Poder Judicial. Después de ir prorrogándolo a la espera de la culminación de la tramitación en el Congreso, el órgano de gobierno de los juecos aprobó un texto que consideraba que la ley de amnistía es inconstitucional, “socava” el derecho a la igualdad y “vulnera” la separación de poderes. Asimismo, criticaba que se excluya el Código Penal español en relación con el terrorismo, denunciaba que la tramitación en el Congreso fue “arbitraria” y advertía que dejar sin efecto una orden europea de detención “puede ser contrario al derecho de la Unión Europea”.

En su momento, los populares consideraron necesarios estos dos informes sobre la amnistía argumentando que incurre en un “fraude de ley”, vulnera la separación de poderes, “conculca el principio de separación de poderes y el principio de exclusividad jurisdiccional” y tendrá “graves consecuencias en la misma configuración del Poder Judicial”, según denunció el senador Javier Arenas.