El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechaza la petición impulsada por el PP en el Senado, en donde tiene mayoría absoluta, para elaborar un informe sobre la ley de amnistía. De esta forma, el máximo representante fiscal español, nombrado a propuesta de la Moncloa, rechaza pronunciarse sobre el proyecto de amnistía al Procés acordado entre el PSOE y el independentismo y que se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Según ha argumentado García Ortiz este jueves en una entrevista en La Hora de la 1, el Consejo Fiscal no tiene competencias para elaborar el informe que le reclaman, a la vez que este supondría un pronunciamiento improcedente previo a la aprobación de la ley.
🔴Los fiscales conservadores reprochan al fiscal general la demora en el informe sobre la amnistía
"Cualquier pronunciamiento, incluso previo a conocer el texto, puede ser una distorsión en el debate jurídico", ha señalado García Ortiz, a la vez que ha reivindicado que su función como fiscal general del Estado no es "hacer de comentarista político, sino promover la acción de la Justicia ante los tribunales". Por su parte, la Asociación de Fiscales, conservadora, había denunciado este miércoles que García Ortiz no había dado respuesta a la demanda del Senado y que la reclamación de la Cámara Alta española no se había comunicado al Consejo Fiscal.
Reivindica la "imparcialidad" y "neutralidad" en la toma de posesión
Precisamente, este miércoles García Ortiz tomó posesión como fiscal general del Estado, revalidando el cargo que ostenta desde agosto de 2022, en un acto en el cual aseguró su "imparcialidad" al frente del Ministerio fiscal y donde insistió en que "nadie" lo verá "tomando posturas a cuestiones estrictamente políticas". A su vez, García Ortiz reivindicó "la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado". "Reivindico la defensa de una institución integrada por 2.690 fiscales que diariamente prestan un servicio público para promover la acción de la justicia y procurar la satisfacción del interés social. Una institución, un órgano de relevancia constitucional, que actúa y tiene que actuar de manera imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley," afirmó.
No es "un comentarista de la actualidad política"
En este sentido, el fiscal insistió en que "la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como fundamentos no solamente nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad". Como ya hiciera en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para conseguir el aval de la Cámara Baja, reiteró que no pretende ser "un comentarista de la actualidad política o judicial". "Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio del jurídico", apuntó. "Si el fiscal general abandona este escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto cumplimiento de su función constitucional", agregó, a la vez que recalcó que "convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica, y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican otros".