La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves la octava sesión del juicio contra el president Jordi Pujol Soley, acusado de corrupción junto con sus siete hijos y nueve empresarios, además de tener una fortuna escondida en Andorra hasta 2014. Y, no ha sido hasta este jueves, la cuarta semana de juicio, que ha salido a relucir el nombre del expresident de la Generalitat en el interrogatorio de los testigos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan a la familia Pujol Ferrusola de aprovecharse del peso político de Pujol para hacer negocios “ilegales”, pero sin detallar ninguna acción directa del histórico president y líder de Convergència. Este jueves, el abogado del Estado, José Ignacio Ocio -que no le acusa- ha fracasado al preguntar sobre su poder de influencia a un testigo.
Ha sido en la declaración del último testigo de este jueves. El exconsejero delegado de Isolux Corsán, Antonio de Pádua Portela Álvarez, ha explicado que el grupo validó la operación de compra del proyecto turístico Azul Cortés en México, que aportaba el entonces presidente del grupo, Luis Delso -imputado en esta causa-, junto con el vicepresidente, José Gomis, que ha declarado como testigo, y Jordi Pujol Ferrusola. Fue una gran operación para los tres inversores iniciales: vendieron el proyecto mexicano por unos 80 millones de euros, “seis veces nuestra inversión”, ha confesado Gomis.
El abogado del Estado, más que cuestionar la operación urbanística, ha preguntado a De Pádua, si en la decisión de compra influyó “la posición pública de Jordi Pujol”, y él ha respondido que “no”, que “se le encontró un par de veces por el pasillo”. Nada más. El testigo ha reiterado que no tomaron ninguna decisión influenciada sino con informes de expertos.
El abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, ha aprovechado la ocasión para dejar clara la no implicación del expresident. “¿Si Pujol Soley dejó de ser president el 2003, en el 2008, qué cautelas tenía que tomar Isolux de uno de los vendedores, su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, de quien se dice que era persona de exposición pública?” El testigo ha sido claro: "Pues, ninguna, si como dice su padre dejó de ser president de la Generalitat hacía cinco años".
En otra ocasión, el abogado del Estado se ha extrañado de que un testigo que compró un solar en Palamós a Mercè Gironès, no supiera quién era, y si no sabía que eran "los Pujol de Catalunya". Como si fuera una dinastía. Jordi Pujol gobernó Catalunya con CiU del 8 de mayo de 1980 al 20 de diciembre de 2003; ganando elecciones.
Pujol pendiente del tribunal
La Audiencia Nacional no ha excluido del procedimiento penal a Jordi Pujol, que tiene 95 años y dificultades para defenderse, según los forenses del juzgado. El tribunal dijo que lo estudiaría cuando tuviera que declarar como investigado, entre mayo y abril.
Inicialmente, la Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol por los delitos de asociación ilícita (5 años), del que le hace director, y de blanqueo de capitales (4 años). La pena más alta pedida es para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión, porque además de los dos delitos del padre, también se le imputan los delitos contra Hacienda y falsificación documental, así como a su exmujer, Mercè Gironès (17 años de prisión), y a Josep (14 años). Para el resto de hijos -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta- el fiscal pide 8 años de prisión por los mismos delitos imputados a su padre.
El fiscal también pide cinco años de prisión para los nueve empresarios investigados por los delitos de blanqueo (3 años) y falsedad documental (2 años). Las defensas piden la absolución porque no se ha concretado ninguna irregularidad.
El juicio a los Pujol se reanuda la semana del 26 al 29 de enero con nuevos testimonios. En la sesión de este jueves, solo estaba en el banco de los acusados el expresidente de Isolux Corsán, Luis Delso. El presidente del tribunal, el magistrado Ricardo de Prada, ha permitido a los diecisiete acusados no estar presencialmente en Madrid hasta el momento de su declaración.