El acuerdo que negocian PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez sigue sin cerrarse, por más que los socialistas se esfuercen en anunciar desde hace días su inminencia. La cúpula del partido de Carles Puigdemont se ha reunido este lunes de nuevo en Bruselas y la mayor parte de sus miembros han cogido el avión de vuelta a Barcelona a primera hora de la tarde, sin haber podido bendecir un acuerdo. Durante toda la jornada, como hizo la semana pasada, esperaba en un hotel de la capital belga el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, preparado para rubricar el pacto cuando consiga la luz verde. El alcance de la amnistía a fin de que recoja los casos de lawfare aparece como centro del debate.

Una vez el secretariado ha regresado a Barcelona, con Carles Puigdemont se han quedado en Bruselas la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, además de la responsable del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. Con todo, a media tarde, tanto socialistas como Junts han empezado a emitir mensajes en el sentido que tampoco este lunes se podría cerrar el pacto y que las conversaciones tendrán que continuar el martes.

Lawfare

El objetivo de Junts es que personas que han quedado en el punto de mira judicial por su vinculación en el Procés, pero que están siendo perseguidas judicialmente a través de causas que no tienen nada que ver con la consulta del 9-N o el referéndum del 1-O no queden fuera de la amnistía. Este sería el caso de Josep Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, investigado en el caso Volhov y en el de Tsunami Democrático, que tiene también una causa abierta por prevaricación y malversación a raíz de un viaje a Nueva Caledonia con motivo del referéndum del 2018. Turull garantizó el viernes pasado en un mensaje a los miembros de la ejecutiva de Junts que el partido no dejaría "a ningún soldado en la estacada" con una amnistía pensada solo para VIPS.

No obstante, hasta este domingo, el PSOE no aceptó entrar a negociar el lawfare. Ha abierto esta carpeta al constatar que no había otra vía para desbloquear las conversaciones, embarrancadas desde el viernes. Junts reclama que la ley no deje dudas sobre el alcance de la amnistía y que no quede en manos de la interpretación de los jueces su aplicación.

Puigdemont, investigado

No obstante, a las dificultades evidentes para conseguir perimetrar la amnistía de manera que recoja todos los casos de persecución judicial, se han añadido nuevos movimientos en la Audiencia Nacional. Mientras los negociadores intercambian propuestas sobre el redactado de la ley, el juez Manuel García Castellón ha hecho público este lunes el escrito en el que resuelve que investiga a Carles Puigdemont y a la secretaría general de ERC, Marta Rovira, por el caso de Tsunami Democràtic, abierto por el delito de terrorismo.

No solo eso, el juez de la Audiencia ha pedido a la Guardia Civil que investigue la vinculación entre el bloqueo del aeropuerto de Barcelona por parte de Tsunami y la muerte por un ataque al corazón de un pasajero francés que se encontraba en la Terminal-2. "No se puede minimizar el impacto que tuvo para la vida e integridad de las personas", advierte el magistrado. Este extremo podría provocar que la causa de Tsunami no pudiera ser incluida en una amnistía que contemple el delito de terrorismo, con el matiz de no incluir muertes ni acciones de sangre.

Por la noche, la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía no ha impedido que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) aprobara una declaración institucional en contra. El texto, impulsado por los ocho miembros conservadores del Consejo, se ha aprobado con nueve votos a favor, cinco en contra y un voto en blanco. Uno de los vocales progresistas, Alvaro Cuesta, no se ha presentado al pleno. El escrito asegura que la ley de amnistía, aún no nata, "violenta la Constitución" y convierte la Justicia en una "quimera".

El PSOE, que ha denunciado ataques a diferentes sedes territoriales del partido, ha cerrado la jornada con una nueva noche de protestas en diferentes sedes del partido y tensión en la calle Ferraz.