Pasa el tiempo, pero la imagen no pasa de moda. Ahora hace cinco años, Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) se plantaron en Madrid con un encargo del Parlament de Catalunya: defender en el Congreso de los Diputados un referéndum pactado con el Estado. Concretamente reclamaban la transferencia de la competencia para poder convocar una consulta de autodeterminación, mediante el artículo de la Constitución que regula la transferencia de competencias. El resultado fue el esperado: 47 votos a favor, 299 en contra y una abstención. Hoy Turull está en la cárcel de Lledoners; Rovira, en el exilio en Ginebra y Herrera, alejado de la primera línea política en una empresa pública del Estado. No fue el primero ni el último intento de pactar un referéndum en la capital del Estado. El historial es más bien largo.
Sin ir más lejos, el último intento ha tenido lugar esta misma semana. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se plantó este jueves en Madrid para dar una conferencia política. Desde la capital del Estado, en el Hotel Palace, a pocos metros del Congreso de los Diputados, hizo una renuncia explícita a la vía unilateral —"la unilateralidad no la ejerce quien quiere, sino quien puede"— e hizo ondear la bandera del diálogo. En este contexto, puso encima de la mesa su propuesta: un "pacto de claridad", al estilo de Canadá, para "ponernos de acuerdo sobre el cuándo, el cómo y bajo qué circunstancias vamos a celebrar el referéndum que ponga fin al conflicto". El dirigente republicano recibió la misma respuesta clara y contundente que sus predecesores: no.
Tan solo un par de horas más tarde, el encargado de cerrarle la puerta en los morros fue el ministro de Exteriores saliente, el catalán Josep Borrell, haciendo gala de sus aptitudes diplomáticas. "No sé cuántas veces el presidente del gobierno tiene que repetir que no existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de secesión en Catalunya", aseguraba con una sonrisa socarrona. "El señor Torra y todos los que cada día reclaman el derecho a la autodeterminación tienen que saber que no hay nada en el derecho internacional que apoye esta petición", insistía. Y desmentía que Quebec fuera un ejemplo de referéndum acordado, porque sus dos consultas habían sido unilaterales.
Es cierto que los dos referéndums, los de 1980 y 1995, se celebraron sin acuerdo con el gobierno federal, que lo único que hizo fue asegurar que, fuera cuál fuera el resultado, no serían vinculantes. A pesar de esto, y después de la victoria ajustada del sí por 55.000 votos en la segunda consulta, Ottawa acudió a la Corte Suprema preguntando si Quebec tenía derecho a la independencia de forma unilateral. La respuesta llegó en agosto de 1998 y fue que no. Pero la sentencia del alto tribunal también estableció que el gobierno de Canadá tendría que entrar en negociaciones con su homólogo quebequés si los quebequeses expresaran una voluntad clara de independizarse. El año 2000, la Cámara de los Comunes de Canadá aprobó la Ley de Claridad, que estipulaba las condiciones para negociar la separación del Quebec. Pero Madrid no es Ottawa.
Intentarlo en Madrid, una constante
La comparecencia de Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera delante del Congreso de los Diputados en 2014 quizás es uno de los episodios más recordados. Pero ha habido más intentos fracasados de conseguir un referéndum pactado en la capital del Estado. Incluso han participado los socialistas catalanes. En febrero del 2013, todos los diputados del PSC en el Congreso —con la excepción de Carme Chacón, que no participó de la votación— optaron por romper la disciplina de voto del PSOE para apoyar dos resoluciones —una de CiU y otra de ICV— a favor del derecho a decidir. Entre estos diputados estaba la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Desde entonces solo la ha vuelto a romper para la investidura de Mariano Rajoy. Las Cortes españolas también han rechazado otras iniciativas en este sentido, como la proposición de ley de ERC, BNG, Amaiur, IU e ICV en 2012, que pedía autorizar la convocatoria de referéndums consultivos. El mismo año ERC presentó una proposición no de ley para transferir a la Generalitat las facultades para convocar consultas populares. También naufragó.
Pero los intentos no se han ceñido al Congreso de los Diputados. En julio de 2013, el entonces president Artur Mas envió una carta a su homólogo Mariano Rajoy instándole al "diálogo" y la "negociación" para celebrar una consulta "pactada", por las vías legales, "en el plazo más breve posible", como defendía sobradamente la sociedad catalana. Cuatro años más tarde, a dos semanas del 1-O, fueron el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y la alcaldesa Ada Colau los que dirigieron una misiva a Rajoy y al rey Felipe VI. Les pedían no cerrarse al diálogo y expresaban su predisposición para celebrar de manera acordada la votación que tendría lugar quince días después. La respuesta siempre fue la misma: no.
El pacto de claridad del PSC
El pacto de claridad, al estilo de Canadá, no es ninguna novedad. Ya hace tiempo que lo vienen proponiendo los comunes en Catalunya, tampoco sin mucho éxito. Incluso algún diputado de Ciudadanos, en su anterior etapa de tertuliano, lo utilizaba de manera recurrente como ejemplo a seguir. Y el PSC de hace solo tres años, con Miquel Iceta y Carme Chacón al frente, puso esta posibilidad sobre la mesa, a través de una ponencia política a ser debatida en su consejo nacional. Pero Madrid nuevamente maniobró para detenerlo. Las presiones que llegaron desde la calle Ferraz hicieron fracasar la vía quebequesa. Desde entonces, el PSC no ha vuelto a defender un referéndum.
Iglesias lo sacrifica
Sin los diputados del PSC en Madrid, que ahora se ciñen a la disciplina dictada por Ferraz, el independentismo ahora mismo tan solo tenía un aliado en la capital del Estado: el espacio político de Podemos. Ha sido la única formación de ámbito estatal que ha defendido el referéndum como solución al conflicto político catalán. Pues bien, depende de cómo acabe el capítulo de la investidura, el soberanismo casi ya no puede ni contar con ellos. Esta misma semana, en la famosa carta en La Vanguardia, Pablo Iglesias no solo proponía someter a votación el gobierno de coalición. También se mostraba dispuesto a sacrificar el derecho a la autodeterminación si gobernaban juntos. "Queremos dejar claro también que asumimos que nuestro peso electoral no permite que nuestras propuestas como espacio político sean líneas rojas", escribía en relación con Catalunya el secretario general, que no quiere perder el último tren a Moncloa.