Era una larga reivindicación, para no decir histórica, que este miércoles en el Parlament por fin ha visto la luz. El Estatut de Municipis Rurals ha sido aprobado este miércoles en el Parlament con un amplísimo apoyo, aunque no unánime, ya que Vox ha votado en contra. Se trata de un avance muy importante que se calcula que beneficiará a hasta 608 municipios de menos de 2.000 habitantes, es decir, 2 de cada 3 pueblos que hay en Catalunya, y para estas villas el nuevo marco legal es considerado una herramienta clave para revertir el despoblamiento rural que amenaza buena parte del país: mientras las grandes ciudades, empezando por Barcelona, crecen, estos municipios se van vaciando.

El ambiente era de día grande al Parlament, con las butacas de invitados al hemiciclo llenas hasta los topes y con el auditorio también habilitado para que los representantes de los pueblos que querían seguir el pleno lo pudieran hacer. Entre los invitados había Pere Aragonès, ya que durante su presidencia el Govern aprobó la misma ley, pero decayó cuando convocó elecciones. También había los presidentes de las Diputaciones, Oriol Junqueras o los representantes de las entidades y asociaciones de estos municipios, entre otros. Una vez Salvadora Illa llegó al Govern, fue la primera ley que aprobó y también la primera de la legislatura que ha sido aprobada en la cámara catalana siguiendo el procedimiento ordinario. De hecho, en el acuerdo de investidura firmado entre ERC y el PSC, que ahora es escrutado con lupa, había un apartado que recogía la agenda legislativa que tenía que seguir el nuevo Govern y entre las normas estaba el Estatut de Municipis Rurals.

El reto, el despliegue

La ponente relatora de la ley, la republicana Marta Vilalta ha destacado durante el debate que se trata de un hecho histórico que marcará "un antes y un después en el país". Más allá de la alegría generalizada entre los grupos ante la inminente aprobación de la ley, todos ellos han querido destacar que ahora no se acaba su reto, sino que nada más empieza con un despliegue que la haga efectiva y que realmente los habitantes y los ayuntamientos de estos municipios pequeños, de menos de 2.000 habitantes, que a menudo se encuentran con muchas trabas administrativas y con un sistema que no está adaptado a sus necesidades, lo puedan notar. La demarcación donde más municipios rurales hay es la de Lleida, ya que de las 231 villas, 193 no superan esta cifra de habitantes, más de un 75%. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha sacado pecho que el país vive con la aprobación de la ley "un día histórico", ya que servirá para hacerlo avanzar, con el compromiso explícito de desplegarlo.

En nombre de Junts ha intervenido a la diputada Anna Feliu, que al mismo tiempo es alcaldesa de uno de los pueblos que se verán beneficiados porm la medida, l'Albi, en Les Garrigues. Después de reivindicar la ley, ha avisado al Ejecutivo de que no es suficiente con aprobarlo, sino que hay que ir más allá: "No puede ser una declaración de intenciones, sino que tiene que ser una herramienta transformadora". Juan Fernández, portavoz el PP, también ha celebrado que "se haga justicia" con estos municipios del mundo rural, ya que considera que son los más castigados por la inacción política. Desde los comunes, Lluís Mijoler, que en el pasado había sido presidente de la Federación de Municipios de Catalunya, como alcalde del Prat, ha reclamado que el Estatuto sea una "herramienta concreta para hacer realidad los derechos y la vida digna en los pueblos", que puede ayudar a mitigar la desigualdad territorial. El diputado cupaire Dani Cornellà también ha puesto el foco en el despliegue de la ley y ha avisado en el Gobierno de que la CUP será "exigente" en el control. Se ha desmarcado el diputado de Vox, partido que ha votado en contra de la ley, asegurando que el proyecto se ha quedado desdibujado por los intereses de partido.

Gráfico elaborado por la Agencia Catalana de Noticias