El grupo parlamentario de Junts Pel Sí ha apoyado este jueves la posibilidad de que el Govern recurra “a la imposición de multas, tal como lo han hecho algunos ayuntamientos en virtud de las disposiciones previstas” a entidades financieras y grandes tenedores que no pongan los pisos vacíos en función social. La propuesta, hecha por Catalunya Sí Que es Pot, apela también a utilizar todos los mecanismos de la ley 18/2007, en la que se contemplaba la expropiación forzosa, si bien fue un punto que derogó la ley ómnibus de CiU.
Otra exigencias que ha trasladado el Parlament al ejecutivo de Carles Puigdemont es la necesidad de que las suministradoras informen a los usuarios afectados por un eventual corte de sus derechos sobre pobreza energética. Y, en todo caso, ha enviado una petición a los órganos judiciales: “No realizar ningún desahucio sin el conocimiento y la efectiva presencia de los servicios sociales del municipio o de la Generalitat, con la finalidad de no dejar sin vivienda a los afectados”.
Registro y trabajo
Ante la situación habitacional de muchas familias, y con el objetivo de concienciar más sobre el problema, lo que también ha quedado aprobado es la necesidad de un registro periódico de afectados que lo visibilice. Se calculará también en términos de distribución territorial.
Sumado a eso, y más inconcreta todavía, es la demanda de elaborar un plan para el fomento de creación de puestos de trabajo en barrios en situación de especial emergencia. En este sentido, está la voluntad de ampliar, en 8 meses, el parque de alquiler social, para que alcance el 15% del global de viviendas disponibles.