El exministro de Justicia con el PP Rafael Catalá Polo también sale salpicado en la causa de supuesta corrupción liderada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aunque no ha sido incluido en la lista de 28 imputados por el titular del juzgado de instrucción 2 de Tarragona. La causa, por ahora, está centrada en el sector gasístico (cinco empresas) por haber pagado a un despacho vinculado a Montoro para obtener beneficios fiscales con reformas legislativas a medida. En concreto, un informe de los Mossos d'Esquadra, incluido en el sumario de Tarragona, precisa que la sociedad de juegos en línea Codere Apuestas pagó 679.000 euros al despacho fundado por el exministro ahora imputado, Equipo Económico (EE), entre los años 2008 en el 2012, y fue favorecido por el ministerio de Montoro frente a otros competidores. En aquellas fechas, Catalá era un directivo de Codere. Además, los investigadores insisten en que Montoro no se desvinculó de EE el año 2008, como sostiene, sino que habría cobrado de este despacho (que en el 2015 se pasó a decir Global Afteli) a través de testaferros o un entramado societario. Las gasísticas imputadas pagaron 779.705 euros entre los años 2011 y 2019 a Equipo Económico por sus gestiones con Hacienda, que les favoreció con la aprobación de dos leyes, según los datos aportados por la Agencia Tributaria.

Rafael Catalá, funcionario de carrera del cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado español, fue ministro de Justicia entre septiembre de 2014 a junio del 2018, con el gobierno de Mariano Rajoy. Antes ocupó otros cargos con el gobierno del PP de José María Aznar, como subsecretario de Hacienda, entre los años 200 en el 2002. Tres años después, entraba en el sector privado, en Codere, multinacional donde volvió después de su cargo de ministro y actualmente está en un grupo de sanidad privada.

Respuesta de la agencia Bloomberg

Además de los pagos de Codere al despacho vinculado a Montoro, los Mossos también recogen un correo electrónico con la respuesta de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg a las quejas del ministro por haber publicado que presionaba a empresas del juego extranjeras  haciéndoles inspecciones, con una recaudación "de unos 150 millones de euros", y beneficiando a Codere, en enero de 2013. Bloomberg se disculpa para usar algunos verbos (squeezed o springing), aunque lo enmarca en "la libertad de expresión del redactor", y aclara que su información es "verdadera". Y añade que Codere ya se había quejado de la desventaja con las empresas extranjeras que no pagaban ningún tributo en el Estado español, y que la ley 13/2011, aprobada por el gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, lo resolvió regulando a todos los operadores del juego instalados en el Estado.

La respuesta de la agencia no gustó a la secretaría de Estado de Hacienda y en un correo dirigido a la mano derecha de Montoro, Felipe Martínez Rico, se dice: "La verdad es que me parece insuficiente y afirma cosas sin base ¿Como sabe la cifra exacta de 150 millones? Son puro cotilleo. O lo de mezclar el certificado de estar al corriente de la situación tributaria con un procedimiento inspector."

¿Hermanos implicados y testaferros?

El caso Montoro, además de indicios de corrupción y puertas giratorias de políticos, también destapa vínculos familiares en situaciones clave. Por ejemplo, Cristóbal Montoro, tiene su hermano Ricardo, que también fue socio fundador de Equipo Económico en el 2008 y consejero hasta el 26 de diciembre de 2012, y del cual se apunta que podía ser uno de los testaferros del exministro del PP.

En la operación de las cifras del juego en línea, la secretaría de Estado de Hacienda recibió un correo, en el cual se incorporaba un documento elaborado por la delegada especial de Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del exministro Catalá, que tenía intereses directos.

Y finalmente, están los hermanos Felipe Martínez Rico, mano derecha de Montoro en el ministerio de Hacienda a quien nombró subsecretario de Hacienda y Función Pública en el 2016; y Ricardo Martínez Rico, socio y administrador de Equipo Económico, junto con Manuel de Vicente- Tutor, que al mismo tiempo fueron consejeros de las principales empresas renovables españoles, como Abengoa, Solaria energía y Medio Ambiente, S. A., protegidas por Montoro, frente al ministro Soria, segúnexplican varios medios de comunicación, recogidos por la policía catalana. Los tres están imputados en el caso Montoro.

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción, en algunos de sus escritos en la investigación del caso Montoro, sostiene que la investigación "también está manifestando la coincidencia temporal entre el dictado de determinadas leyes que introdujeron o mantuvieron mejoras fiscales en las empresas del sector eléctrico y de energías renovables, con los pagos realizados por las empresas beneficiadas a la sociedad Equipo Económico, sin justificación aparente".

Incluso, en la causa de Tarragona consta un correo electrónico de una hermana de los Martínez Rico, Júlia, que pedía al entonces director general del AEAT, Santiago Menéndez, que la recomendara para cubrir una plaza de experto para la lucha contra el fraude en la Comisión Europea, el cual obtuvo la respuesta que el "procedimiento está reglado", y al final, no fue elegida.

Paralelamente a la causa de las gasistas, los afectados por las filtraciones de Hacienda, como la familia Pujol Ferrusola, estudian denunciar a Montoro y su equipo por revelación de secretos.