El conflicto político catalán vuelve a hacer emerger las discrepancias en el interior del Gobierno. Primero, esta mañana, la ministra de Podemos Ione Belarra ha defendido que el president Carles Puigdemont pueda volver a Catalunya sin ser detenido, después de mantener la inmunidad parlamentaria. Han tenido que pasar de pasar unas pocas horas para que el socio grande, el PSOE, le enmiende la plana. Ha sido la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha defendido que "el interés" de La Moncloa es que el expresident y eurodiputado de Junts sea extraditado a España y juzgado por el Tribunal Supremo. Todo, en pleno debate sobre los indultos a los presos políticos.

¿Qué ha dicho Ione Belarra esta mañana? En una entrevista en RAC1, la ministra de Derechos Sociales ha defendido que "normalizar" la situación en Catalunya también implica que los exiliados puedan volver. Belarra ha afirmado que "no es normal" que no estén en el estado español y ha subrayado que su marcha "es derivada del proceso de judicialización" del conflicto. Ha insistido en que sería una "incongruencia" apostar por "acabar con la judicialización", es decir, por los indultos a los presos, y al mismo tiempo defender la detención de los miembros del Govern del 1-O que están en Bélgica

Pero en el otro lado de la mesa del Consejo de Ministros no lo ven de la misma manera. En declaraciones desde Algeciras, María Jesús Montero ha sostenido que "el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre". Ha insistido en que el president en el exilio "responda ante la justicia por aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años por los cuales nunca respondió ante los tribunales".

¿Y la inmunidad?

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, la pregunta fue clara: "¿De qué forma garantizará el Gobierno el respeto a la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí?". La formuló Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, después de las medidas cautelares del Tribunal General de la Unión Europea para los tres eurodiputados. La respuesta fue a cargo del ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, que no aclaró nada. Se limitó a decir que "respeta" la decisión de la justicia europea, pero también la actuación de los tribunales españoles.

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